Fiscalía identifica a cuatro docentes entre los cinco procesados por presunta violación grupal en Cayambe

El Tribunal de Cayambe resolvió este viernes 5 de septiembre de 2025 que cinco personas enfrenten juicio por la presunta violación grupal de dos adolescentes de 17 años. Entre los acusados se encuentran 4 docentes de la institución educativa a la que asistían las víctimas y el propietario de la vivienda donde, según la investigación, se habría producido el delito. La Fiscalía General del Estado acusó a Bryan Iván T. A., Luis Fernando L. S., Isaac Fernando O. Z., Carlos Ignacio Q. F. y Juan Emilio C. T. como presuntos coautores del delito.

Elementos presentados

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó más de 80 elementos de convicción. Estos incluyen testimonios anticipados, pericias técnicas y actas de reconocimiento de los hechos. El juez consideró que existían fundamentos suficientes para llamar a los implicados a juicio y dispuso la emisión de órdenes de encarcelamiento.

Descripción de los hechos

El 28 de febrero de 2025, los docentes llevaron a las adolescentes a una vivienda en Cayambe. En el lugar les dieron licor y ellas perdieron el conocimiento. Horas más tarde despertaron en habitaciones distintas y presentaban signos de agresión sexual.

Los familiares denunciaron su desaparición ese mismo día. La Policía realizó operativos y localizó a las jóvenes dentro de un vehículo junto a los sospechosos, a quienes detuvo de inmediato.

Medidas cautelares

En una primera etapa, cuatro de los procesados recibieron medidas alternativas. No obstante, tras incumplimientos, se ordenó su captura. Dos de ellos permanecen privados de la libertad.

La causa se tramita bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este caso, los docentes procesados son señalados bajo el inciso segundo, numeral 4 del artículo del COIP, lo que implica que, por su rol de educadores y la relación de confianza con las víctimas, enfrentan la pena máxima de 22 años de prisión. Por su parte, el propietario de la vivienda es juzgado conforme al inciso primero del mismo artículo, que establece una sanción base de 19 a 22 años, dependiendo de las circunstancias específicas del delito. Con la resolución judicial, el proceso pasará a la fase de juzgamiento en los tribunales competentes.

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(I)