Estos son los detalles del caso de la exasambleísta Bella Jiménez, procesada junto con tres de sus familiares

La exasambleísta Bella Jiménez, junto a su hijo Jorge P., su hermano Jimmy J., y su cuñada Elena O., son los cuatro procesados por la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de concusión. Este martes, 8 de octubre de 2024 se dio a conocer sobre su detención en Guayaquil, posteriormente se realizó la audiencia de procesamiento.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Jiménez habría aprovechado su posición como legisladora para solicitar pagos indebidos a cambio de gestionar contrataciones en su despacho de la Asamblea Nacional. Como medidas cautelares, el juez impuso la colocación de grilletes electrónicos, presentación periódica ante las autoridades, y la prohibición de salida del país.

De esto se le acusa a Bella Jiménez

Jiménez, quien asumió su cargo como asambleísta el 7 de febrero de 2021, está acusada de solicitar 3.000 dólares a un ciudadano a cambio de incluirlo en su equipo legislativo.

Según la Fiscalía, este pago se hizo mediante una transferencia a la cuenta de su hijo, Jorge P., el 27 de abril de 2022. Posteriormente, al ciudadano se lo contrató como asesor nivel 2 en la Asamblea, tras una solicitud de Jiménez a la Presidencia de dicha institución.

Además, en un incidente paralelo, Elena O., cuñada de Jiménez, habría pedido 6.000 dólares a otra persona para asegurarle un puesto como asistente en el despacho de la exlegisladora. Una parte de este dinero se entregó a Jimmy J., hermano de Jiménez, y el resto se acordó como pago adicional una vez que la contratación se concretara. Aunque se la contrató, su contrato fue abruptamente terminado dos meses después sin explicaciones, indica Fiscalía.

En cuanto a la audiencia, el juez también ordenó la retención de cuentas bancarias por un valor de 5.520 dólares para cada acusado, a fin de asegurar el pago de una posible multa. Asimismo, se prohibió la enajenación de bienes por montos de hasta 20.000 dólares en el caso de Jiménez y de 10.500 dólares para cada uno de sus presuntos cómplices, con el objetivo de garantizar una eventual reparación integral.

(I)