Esta iniciativa se suma a las tres leyes económicas urgentes previamente enviadas por el Ejecutivo.
La infraestructura cuenta con un financiamiento de $ 15,4 millones, proveniente de un crédito de la CAF.
El delito se refiere al uso indebido de recursos públicos por parte de servidores o funcionarios.
La decisión forma parte del plan de seguridad interna del Ejecutivo, que ha incrementado acciones contra el crimen organizado.
La inversión total supera los $ 3.5 millones y el plazo de ejecución es de 270 días.
En el lugar se encontraron cinco motocicletas (dos en proceso de desmantelamiento), cuatro teléfonos celulares y una llave de vehículo.
La Policía ha levantado al menos 40 indicios balísticos, de forma preliminar. Aún se indaga el móvil del múltiple crimen.
El 23 de julio de 2025, cuatro días antes de su muerte, obtuvo el Premio Iberoamericano Cervantes Chico.
La víctima trabajaba como analista de planificación en la entidad.
El presunto delito podría acarrear una pena de prisión de cinco a siete años.