Organizaciones ecologistas exigen seguimiento de consulta popular sobre el Yasuní ITT y Chocó Andino

Hasta la Corte Constitucional del Ecuador llegó la coalición de las organizaciones Yasunidos y Quito Sin Minería, denominada Acción Ecológica, para exigir que se de seguimiento a lo conseguido en la última consulta popular.

Se trata de la disposición de cerrar el ITT hasta el 31 de agosto de 2024 y la prohibición de la actividad minera en el Chocó Andino, incluso para concesiones previas a la consulta.

Fue en agosto del año anterior cuando los ecuatorianos acudieron a las urnas y el 58% expresó su deseo de dejar indefinidamente el petróleo del bloque, en el parque Yasuní. Así como prohibir la minería en el Chocó Andino, desde la artesanal hasta la de gran escala.

Por ende, los ecologistas piden que se verifique el cumplimiento de esta demanda. También que se inicien procesos para determinar responsabilidades y destituir a funcionarios que intenten incumplir los resultados de la consulta.

Exigen se cumpla la consulta popular

Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional, recuerda que las consultas populares son de obligatorio cumplimiento según el artículo 106 de la Constitución. Sin embargo, se enfrentan a desafíos financieros, especialmente en el caso del ITT, donde la falta de fondos dificulta el cierre de la infraestructura petrolera.

Por su parte, los colectivos muestran preocupación al cumplimiento de la consulta popular. Inty Arcos de Quito sin Minería reveló que en las parroquias del noroccidente se buscan realizar consultas ambientales, pero se logró detenerlas. 

"Esto pone en peligro los procesos democráticos. Hacemos un llamado para que desde el gobierno provincial, municipal se revisen esas concesiones mineras que fueron otorgadas de manera inconsulta, sin tomar en cuenta las ordenanzas de Quito".

Sobre la situación de las comunidades en el Yasuní, Ewene Ima, de la comunidad Huaorani, denunció vulneración de derechos y condiciones igual de perjudiciales para ellos, como hace seis meses.

Mientras que Sofía Torres, de Yasunidos, exige a Petroecuador  que haga público el plan de cierre y abandono en ese territorio.