Más de 70 presos asesinados en 2024 y un pago mensual de USD 400 por extorsiones es el escenario de las cárceles del país, según el director del CDH

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) alertó sobre una grave crisis humanitaria y varias violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad (PPL). El director de la entidad, Billy Navarrete, enlistó como principales problemas la alimentación, salud, rehabilitación social y torturas. Explicó que el estudio que realizó la entidad consideró a varios reclusorios del país con presencia militar durante 2024. Uno de ellos, la Penitenciaría del Litoral.

• Operativo en Durán: desmantelan base criminal en Cerro Las Cabras con 13 detenidos

"El reporte reúne las denuncias de los familiares de los presos. Ellos acudieron a varias organizaciones preocupados por la estabilidad de sus allegados en los reclusorios. Llegan de forma continua, con documentos y evidencias de sus realidades", dijo Navarrete en entrevista digital con Radio Pichincha, el 22 de enero de 2025.

🗣️"La situación carcelaria está como está porque no hay ningún tipo de interés sobre ella y luego se nos revierte toda esa violencia al resto de la sociedad", indica Billy Navarrete @makrolgye pic.twitter.com/l1vlauLZS1

— Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 22, 2025

El documento detalla que durante 2024, al menos, 76 reclusos y 8 funcionarios públicos, entre directores y gendarmes, fueron asesinados. Además de una epidemia de tuberculosis entre los internos sin atención médica y, como norma general, entre 10 y 15 minutos para que se alimenten.

Realidad en La Penitenciaría

Según el representante del CDH, entre 2018 y 2023, "La Peni" registró 680 muertos por causas violentas, apoyadas del uso de armas de fuego. Asimismo, el pabellón 7, diseñado para 400 personas, alberga a 308 diagnosticadas con tuberculosis.

Navarrete relató que en el lugar que debería servir como un dispensario médico se ubican tres delegados del Ministerio de Salud, un cuarto lleno de expedientes, dos o tres computadoras y lleno de hacinamiento. En la parte exterior, se ubican cinco camillas, cada una ocupada con presos que se atienden a la "intemperie".

A la hora de la comida, personal de una empresa privada llega al centro con un repositorio de alimentos y se coloca en uno de los patios. Miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dirigen a las PPL en una columna hacia el lugar para que reciban una porción de comida.

🚨¡PRONUNCIAMIENTO!

RECHAZAMOS LA CRIMINALIZACIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL DEBATE PRESIDENCIAL

Atención: @cnegobec @DianaAtamaint pic.twitter.com/aiv7qFJLNf

— Pacto por la Niñez y Adolescencia Ecuador (@pactonaec) January 21, 2025

"Tienen de 10 a 15 minutos para ingerir sus alimentos. Si el tiempo no alcanza, muchos se quedarán sin comer. Ese escenario se repite en la mañana y en la tarde", expresó el director de CDH.

Según Navarrete, durante 10 años a delegados de las organizaciones de derechos humanos se les tenía prohibido el ingreso a las cárceles. Una decisión que cambió tras la decisión de un juez que les concedió un hábeas corpus. Señaló que la decisión se tomó luego de que el magistrado escuchara el testimonio de un preso trans que presentaba signos de tortura y abuso sexual por miembros de las FF.AA., supuestamente.

"El gran negocio"

Navarrete calificó a las cárceles como un "enorme lucro" y un sector "sofisticado" para la extorsión que luego se expande a las comunidades. Reprochó que no haya una investigación previa al primer eslabón de este delito, que es el sistema ordinario bancario. Según él, los familiares de un preso pagan cerca de USD 400 mensualmente a quien dirige el pabellón. "Ellos gobiernan ahí", advirtió.

Esmeraldas, cerca de 1100 uniformados entre policías y militares intervinieron en la cárcel, dónde han encontrado armas , licores y electrodomésticos pic.twitter.com/kXVTxpLVPv

— We News (@wenewsec) January 14, 2024

Enfatizó que la militarización de los centros no ha dado los resultados que el Gobierno Nacional preveía. De la misma manera, mencionó que se forman pequeños canales de diálogo con las autoridades para que conozcan la realidad y elaboren políticas públicas carcelarias.

(I)

N.J.C.