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Ecuador

Human Rights Watch denuncia violaciones a los derechos humanos por parte de militares en Ecuador: Conozca cuántos casos hay

Informe de organización subraya la necesidad de revisar las medidas de militarización en el país.

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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció graves violaciones a los derechos humanos en Ecuador, como consecuencia de las medidas que implementó  el Gobierno de Daniel Noboa. Estas acciones incluyen la declaración de varios estados de excepción, que han involucrado la militarización de las calles y cárceles del país, en respuesta al creciente crimen organizado.

Según el informe anual de HRW, las fuerzas de seguridad ecuatorianas han cometido "serias violaciones" en el marco de estas medidas, que se han ejecutado bajo la figura de "conflicto armado interno", cita EFE. No obstante, la organización critica la falta de justificación adecuada para aplicar esta calificación, que tiene aval  del Tribunal Constitucional de Ecuador, sin que existan pruebas suficientes de la existencia de conflictos armados no internacionales en el país.

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Casos de abuso por parte de militares, documentados

Juanita Goebertus, presidenta de HRW para las Américas, señaló a EFE que la Fiscalía ha recibido más de 200 denuncias por excesos en el uso de la fuerza por parte de militares, entre las cuales destacan 80 casos de tortura, al menos 8 desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales.

Además, el informe de HRW menciona otras prácticas abusivas, como detenciones prolongadas sin comunicación, impedimento de acceso a abogados y atención médica, así como palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas y violencia sexual.

La situación ha despertado la preocupación de organizaciones internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que ha expresado su alarma por las "condiciones inhumanas" en las cárceles de Ecuador, incluida la escasez de alimentos.

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HRW también recoge el fallo de un juez en febrero, que determinó que las autoridades militares y penitenciarias no estaban cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad de los detenidos, ordenando una investigación por tortura y atención médica urgente para los presos.

Estas denuncias han generado un llamado de atención sobre el impacto de las políticas de seguridad del gobierno ecuatoriano en los derechos humanos, mientras el país sigue enfrentando una grave crisis de violencia y criminalidad.

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(I)

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