Un proceso lleno de ilegalidades, deslealtad procesal e inconstitucional, así calificó la defensa de Abad la audiencia del sumario administrativo

Luego de la sanción interpuesta a la vicepresidenta Verónica Abad, especialistas debatían si la segunda mandataria fue suspendida de Carondelet o como embajadora. Por su parte, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseveró que Abad solo está inhabilitada como embajadora. Sin embargo, su defensa, Dominique Dávila, explicó que la resolución del sumario administrativo especifica que la segunda jefa de Estado está suspendida 150 días en su condición de vicepresidenta.

Enfatizó en que el decreto con el que se nombró a una vicepresidenta encargada es una aberración y una falta a la Constitución. Recalcó que la Vicepresidencia de la República tiene que ser ocupada por un sujeto de elección popular.

"El gobierno ya demostró que toma las decisiones sin escuchar a su equipo jurídico", refirió Dávila en Radio Pichincha.

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Inconsistencias en la audiencia

Dávila detalló algunos procesos en la audiencia donde se habría violado el debido proceso. Mencionó que la vicepresidenta compartió el enlace de la sesión al pueblo ecuatoriano, pero la defensa de Presidencia solicitó que se excluya de la reunión a todos aquellos que no sean parte del proceso. Es decir, a los ciudadanos que se conectaron al enlace.

Posterior a eso, Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores alegaron que por "lealtad procesal" no son legitimados activos. Es decir, la parte que acusa y presenta las pruebas de descargo para una eventual sanción. Pese a a esa condición, el juez a cargo permitió que apelen y repliquen las respuestas de la sesión.

"Sí no hay legitimado activo, entonces, no hay proceso. Solicitamos que también salgan de la reunión, pero no se hizo caso a nuestra petición", aseveró la jurista.

De la misma manera, Núñez afirmó que la parte acusada no presentó informes de su defensa. No obstante, Dávila justificó que la parte acusadora no entregó ninguna prueba, por lo tanto, no habían elementos para contradecir.

"Técnicamente, dijeron que no tenían pruebas, pero le iban a contar a los magistrados lo que pasó. Eso no es válido en ningún lado. Se actuó de manera dolosa, con deslegitimidad procesal", refirió la abogada.

Vías de defensa

Dávila comentó que tienen tres ejes para no acatar la sanción a la vicepresidenta. La vía jurisdiccional, a través de una acción de protección; la política con la Asamblea Nacional y juicios políticos a quienes consideren conveniente; y, desde el ámbito internacional con una petición a la Corte Interamericana.

"El país atraviesa un momento clave histórico. El Legislativo tiene un papel importante, si no se pronuncia sería nefasto y hasta un acto de complicidad", concluyó.

Además, pidieron al Pleno que brinden las garantías jurídicas para que presente los archivos de audio y video en la audiencia de sumario administrativo y que el "país conozca la verdad". (I)