Sospecha de sobreprecio en mascarillas obliga a depuración en el IESS

Luego de que el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, anunció la remoción de todos los funcionarios involucrados en la compra de insumos médicos, en un contrato de más de $ 10 millones en favor de la empresa Almantop S. A., que se ha denunciado tendría sobreprecio, el Consejo Directivo separó del cargo a Ángel Loja Llanos, director general de la institución.

Granda convocó a reunión del Consejo, que solo lo conforman al momento él como presidente y el vocal del sector empleador, Felipe Pezo. En esa cita se resolvió destituir a Loja y entregar toda la información a los organismos de control.

Horas antes Pezo le había pedido a Granda en una comunicación que se realice dicha reunión y había anticipado que se debían realizar todos los trámites legales necesarios para aplicar un sumario administrativo en contra del director general del IESS, Ángel Loja Llanos, y del director de Seguro de Salud, Mauricio Espinel Lalama.

En esa carta le hace varios llamados de atención sobre lo ocurrido en torno a este contrato y las respuestas que diera Granda frente a las críticas por el contrato.

Pezo señaló que de la información en redes sociales se conoce que el director Loja habría adjudicado una contratación de insumos médicos con presunto sobreprecio a una empresa de venta de comidas. Además considera que el director general habría rebasado los límites de contratación otorgados por norma a quien ostenta su cargo.

Comentó que el director del Seguro General de Salud Individual y Familiar habría presuntamente gestionado recursos y tramitado una certificación presupuestaria por montos que requieren la autorización del Consejo Directivo. Y aseguró que dicha autorización nunca fue solicitada y menos concedida por el órgano máximo del IESS.

Efectivamente, el contrato por $10 017 754,60 para la compra de insumos médicos para la emergencia sanitaria por el COVID-19 fue adjudicado a Almantop S. A., creada en el 2000, con el objeto social de “Venta de comidas y bebidas en cafeterías para consumo inmediato”.

Así consta en la Superintendencia de Compañías; pero reanudó sus actividades recién en octubre del 2019. La empresa tiene un valor de $800 y fue recientemente adquirida por dos empresarias de nombres Narcisa Jesús Bustillo Domínguez y Katherine Andrea Nieto Rosero, presidenta y gerenta general. Ellas habían comprado dicha empresa al exministro de Agricultura Salomón Larrea. La empresa, según datos del SRI, ha causado en los últimos cinco años $0 de impuesto a la renta y de salida de divisas.

Las denuncias en redes se habían centrado en el alto precio de las mascarillas N95, que en el mercado normalmente pueden encontrarse en $3,90 y que para el contrato con el IESS costaban $12 por unidad.

Pezo también pidió que mientras se decida sobre el sumario administrativo, se les dé vacaciones a ellos y a todos los funcionarios subalternos que participaron en este proceso.

Ayer en un comunicado, el Frente Unitario de Trabajadores exigió a los miembros del Consejo Directivo que se apliquen desde ya todas las sanciones internas administrativas correspondientes en el caso de ese contrato.

“No es suficiente solo con suspender los contratos y decir que se investigará a través de la Contraloría. Basta de tanta impunidad, necesitamos que todos los responsables sean sancionados antes de que huyan del país como lo hicieron otros funcionarios en épocas pasadas”, se indicó. (I)

Fuente: El Universo