Estas fueron las propuestas de los legisladores durante el segundo debate de la Ley de Solidaridad Nacional

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este jueves 5 de junio de 2025 para continuar el segundo debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó la octava sesión, tras recibir la calificación de urgente en materia económica que otorgó el presidente de la República, Daniel Noboa.

Con 145 legisladores presentes y solo seis ausentes, se analizó los alcances y observaciones al informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa.

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Objetivo del proyecto de ley

El propósito principal de la ley es desmantelar la economía criminal relacionada con el conflicto armado interno. El texto plantea regímenes especiales en materia tributaria y penal, incentivando la cooperación del sector privado mediante beneficios como la deducción del Impuesto a la Renta a cambio de donaciones dirigidas a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.

Además, se delimita quiénes serán considerados integrantes de grupos armados internos y se introduce la definición de "economía criminal", con el fin de establecer un marco legal más preciso para su combate.

Rol de la UAFE y recuperación de activos

La propuesta también subraya la necesidad de identificar y confiscar los bienes bajo control de grupos delictivos. En ese marco, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tendrá un papel fundamental en este proceso. La Comisión insiste en que debilitar la capacidad operativa del crimen organizado requiere rastrear los flujos económicos que lo sostienen.

Ajustes propuestos durante la sesión

Durante el debate, varios legisladores hicieron estas observaciones:

• La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, señaló que la norma también apunta a fortalecer la seguridad en zonas vulnerables, regular aspectos de hidrocarburos y avanzar en la depuración institucional de las fuerzas del orden.
• Mishel Manchenok propuso ajustes normativos a varios artículos del proyecto.
• Alejandro Lara solicitó añadir disposiciones generales.
• Steven Ordóñez planteó que los GAD puedan destinar hasta el 10 % de su presupuesto anual para colaborar con las fuerzas del orden dentro de sus competencias.
• Diego Franco enfatizó la necesidad de abordar temas como lavado de activos, tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito en el marco del conflicto armado.
• Diego Salas resaltó mejoras realizadas al texto legal e insistió en fortalecer ciertos artículos ante el escenario actual.
• Sergio Peña pidió la incorporación de incentivos para las víctimas del conflicto.

(I)