¿Qué implica la nueva Ley de Inteligencia aprobada por la Asamblea? Estos son los puntos más polémicos

Este martes, 10 de junio de 2025, Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que busca reorganizar el Sistema Nacional de Inteligencia del país en medio del combate al crimen organizado.

• Ejecutivo podría publicar inmediatamente la Ley de Solidaridad: esto contempla el documento

¿Qué regula la nueva Ley de Inteligencia?

El proyecto establece el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, sus subsistemas, competencias y vínculos con otras entidades del Estado y también con personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas. El sistema incluirá subsistemas de:

• Fuerzas Armadas
• Policía Nacional
• Análisis financiero y económico
• Casa Militar Presidencial
• Sistema de tributación y aduanas
• Sistema penitenciario

Estas entidades podrán ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia, bajo el argumento de anticipar, evitar o neutralizar amenazas a la seguridad del Estado.

Polémica por artículos

Uno de los artículos más cuestionados es el Art. 51, que permitiría requerir información directamente a operadoras de servicios de telecomunicaciones. Esto generó críticas ante posibles violaciones al derecho a la privacidad. Aunque la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, señaló que este artículo no figura en la matriz de observaciones, varios legisladores insisten en su revisión.

También causaron reparos los artículos 5, 11, 12, 14, 47 y 52, por su ambigüedad sobre los límites del accionar de los organismos de inteligencia y la poca participación de organizaciones de la sociedad civil en el debate.

Por otro lado, aunque el proyecto incluye un mecanismo de rendición de cuentas ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea, algunos parlamentarios advirtieron que este control no sustituye las funciones fiscalizadoras del Legislativo, ni garantiza la transparencia sobre las operaciones de inteligencia.

El legislador Francisco Cevallos defendió el texto, asegura que está en concordancia con la Ley de Seguridad Pública. Mientras tanto, la legisladora Mariana Yumbay subrayó la necesidad de que la normativa se ajuste a la Constitución y a los tratados internacionales, recordando que presentó 15 observaciones que no fueron consideradas en su totalidad.

¿Qué viene ahora?

La Ley pasará al Ejecutivo para que puede vetarla parcialmente o en su totalidad. La normativa se aprobó en el Pleno con apenas 77 votos a favor y no se dio paso a la reconsideración de la votación.

(I)