¿En qué consiste la reforma parcial a la Constitución que propone el presidente Noboa sobre la prisión preventiva?

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este miércoles, 5 de febrero de 2025 el envío de una reforma parcial a la Constitución, con el objetivo de fortalecer la prisión preventiva para personas involucradas en delitos de terrorismo, narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada.

La iniciativa surge en medio de la continua crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador, con un incremento sostenido de la violencia vinculada a organizaciones criminales. “Por años, hicieron de la justicia su juguete, protegiendo delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó”, expresó Noboa en su cuenta de X.

Actualmente, la legislación ecuatoriana considera la prisión preventiva como una medida excepcional, con prioridad a otras alternativas antes de la privación de la libertad. Sin embargo, según el Ejecutivo, esta norma ha permitido que criminales peligrosos burlen la justicia y evadan la cárcel.

En ese sentido, la propuesta de Noboa busca que jueces tengan más herramientas para aplicar esta medida en delitos de alto riesgo y alta probabilidad de fuga, como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada y sicariato.

Según el comunicado de la Presidencia, la reforma garantizará una respuesta más firme contra el crimen, lo que evitará la excarcelación de personas que representan una amenaza para la sociedad.

Noboa señala a la consulta de 2011 como causante del problema

El mandatario también hizo referencia a la consulta popular que impulsó el correísmo en 2011, la cual, según él, debilitó la figura de la prisión preventiva y favoreció el crecimiento del crimen organizado.

“La línea entre la incompetencia y la complicidad nunca había sido tan fina. Terroristas, narcos, sicarios, mafias organizadas… No habrá más fugas, no habrá más excusas. Los jueces ahora tendrán las herramientas para encerrarlos. Vamos por todos los corruptos”, enfatizó Noboa.

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De aprobarse, la propuesta modificaría el enfoque de la justicia ecuatoriana, con lo cual tendría más peso la prisión preventiva en delitos graves y se limitaría las opciones de medidas cautelares alternativas.

(I)