Caso Purga: Fabiola Gallardo, Pablo Muentes y Johan Marfetán, sentenciados a 13 años de prisión y una multa económica de 40 salarios básicos

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dictó 13 años y cuatro meses de prisión para la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola Gallardo; el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, y el exjuez Johan Marfetán, por considerarlos la cabeza de una estructura criminal dentro del sistema de justicia en Guayas o el denominado caso Purga.

Además, le impuso una multa económica de 40 salarios básicos ($ 18.800), el decomiso de los bienes incautados durante la investigación y perdieron sus derechos de participación por al menos 20 años. El tribunal los calificó como culpables y autores directos por haber ejercido el mando, la dirección y la planificación de la red delincuencial.

#AHORA | #CasoPurga: con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se reinstala la audiencia de juicio contra 13 procesados por presunta #DelincuenciaOrganizada. Hoy, el Tribunal de la @CorteNacional dará a conocer la sentencia. pic.twitter.com/XWphpqAhbu

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 3, 2025

Por otro lado, los exmagistrados Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Nelson Ponce, Henry Taylor y Juan Riofrío los catalogaron como autores directos por cooperar con la organización. Para ellos, el comisionado dictó nueve años y cuatro meses de cárcel, una sanción de 20 salarios ($9.400) y suspensión de derechos de participación por 15 años. A su vez, se debe publicar la sentencia en una placa en la Corte de Justicia del Guayas que exponga: "La administración de la justicia es gratuita".

• Esto es lo que dijo Mayra Salazar en su testimonio anticipado en el caso Purga

Del mismo modo, la sala acogió el pedido del fiscal Wilson Toainga de que se imponga en la sentencia la condición agravante de los procesados que se desempeñaron como funcionarios públicos y cometieron actos ilícitos abusando de su poder y que derivaron en el delito de delincuencia organizada.

¿Qué es el caso Purga?

Después del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado (FGE) halló elementos para investigar a varios ciudadanos que habrían intervenido en la justicia para favorecer intereses individuales y al narcotráfico. La entidad solicitó prisión preventiva para los 12 implicados en el caso. Asimismo, junto al eje investigativo de la Policía Nacional, allanaron varios establecimientos en Guayas, Samborondón, Isla Mocoli y la Corte Nacional de Justicia de esa jurisdicción.

#AHORA | #CasoPurga: Mayra S. –en calidad de testigo protegida– rinde su testimonio anticipado en esta causa, en la que #FiscalíaEc procesa (hasta ahora) a 12 personas por presunta #delincuenciaorganizada. pic.twitter.com/jV9q8kyY7B

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 3, 2024

Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, este caso demuestra cómo se administraba la justicia en Guayas por  la cual las estructuras criminales encontraron "un vehículo de economía" rentable para que "campeé la impunidad".

Además, la entidad se basó en el testimonio anticipado de la procesada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, quien además saldrá de prisión el 14 de marzo de 2025. Al tribunal le llamó la atención que Fiscalía no haya investigado y procesado a la implicada junto a Gallardo, Muentes y Marfetán. La abogada María del Mar Gallegos explicó que la cooperación eficaz, recurso en el que se amparó Salazar, es una figura que permite reducir la pena de un sujeto en un 10 % o 20 % de toda la sentencia. Siempre y cuando entregue información sobre quienes cometan el delito y el modus operandi.

"Entonces, Salazar cuando fue investigada por Metástasis dio información de otro caso. Así, la cooperación fue para reducir su pena en un proceso, pero también para dejar en impunidad otro", dijo Gallegos en entrevista con Radio Pichincha.

"La justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. No permitiremos que estos malos elementos continúen campantes. Combatimos fuerzas criminales, políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad", dijo Salazar en un video del 4 de marzo de 2024.

Respuesta del Gobierno

Tras conocerse la decisión del tribunal, el Gobierno Nacional celebró la sentencia y alegó que este es un paso para "librarse de la injerencia política en la justicia". Resaltó que el país no puede convertirse en un "rehén" de los jueces que dictan fallos a cambio de favores o estructuras criminales.

"La justicia necesita una purga y una transformación profunda. Los ciudadanos necesitan instituciones limpias y un Estado que trabaje para ellos, no para los corruptos", reza el comunicado.

(I)