¿Qué pretende el Gobierno con el proyecto de ley "Talón de Aquiles", que busca penalizar la "mala fe procesal" en el sistema judicial?

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció el 14 de marzo de 2025 la presentación del proyecto de ley denominada "Talón de Aquiles". La norma, según el gobierno, está orientada a sancionar a abogados y procesados que dilaten audiencias o diligencias judiciales en el país. Ese mismo día, el presidente-candidato Daniel Noboa remitió la propuesta a la Asamblea Nacional, bajo el argumento de penalizar la "mala fe procesal".

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¿Qué dijo el Ministro de Gobierno?

El ministro de la Gasca explicó que la iniciativa responde a las reiteradas dilaciones observadas en procesos judiciales de alto impacto nacional. Como ejemplo, mencionó el caso contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunta comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur. Según el ministro, la audiencia programada para ese caso fue diferida en ocho ocasiones.

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"Definitivamente, el sistema judicial, el sistema procesal, oral, tiene un vicio que lo carcome por dentro. Todos los días nos enteramos que existen dilaciones, argucias, artimañanas para diferir y dilatar los procesos, que presentan excusas de abogados con hemorroides", manifestó de la Gasca. Asimismo, reclamó la urgencia de aplicar sanciones ejemplares y severas para evitar que estas prácticas queden impunes y continúen obstruyendo la justicia.

¿Qué contiene el proyecto de ley "Talón de Aquiles"?

El "Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal" busca prevenir y sancionar la "mala fe procesal" y la dilación en el sistema judicial. Contempla lo siguiente:

• Cuatro artículos principales.
• Cuatro disposiciones reformatorias.
• Dos disposiciones transitorias.
• Una disposición final y una derogatoria.

"Este proyecto de ley busca reducir la tasa de congestión dentro del sistema judicial para garantizar una tutela judicial efectiva y depurar el sistema de prácticas corruptas, beneficiando a los ciudadanos al permitir un adecuado acceso a la justicia", argumenta Daniel Noboa en el oficio.

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"Talón de Aquiles": reformas y sanciones 

El proyecto introduce modificaciones en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal. Entre ellas destacan:

• Multas de dos a cinco salarios básicos unificados para abogados que no comparezcan a audiencias sin justificación.
• Multas de cinco salarios y posibles acciones penales para quienes presenten documentos falsos para justificar ausencias.
• En procesos penales, una audiencia podrá diferirse solo por caso fortuito o fuerza mayor.
• Sanciones de cinco a diez salarios básicos para abogados que abusen del derecho para dilatar procesos.

Suspensión en el Foro de Abogados por reincidencia:

• Primera falta: de uno a seis meses.
• Segunda falta: de seis a 12 meses.
• Tercera falta: de 12 a 24 meses.
• Si presentan documentos falsos, la suspensión será de 24 a 36 meses.

Además, el delito de obstrucción de la justicia ahora contiene sanciones para quienes utilicen engaños para retrasar audiencias o alargar procesos.

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También, existirá penalización a la interrupción de plazos procesales: si una audiencia no se realiza por inasistencia del abogado, el tiempo que pase no se tomará en cuenta para la prescripción ni la caducidad del caso. Es decir, esta ausencia no podrá usarse como una estrategia para que el proceso judicial se extinga por el paso del tiempo. Proyecto de LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

¿Control informático para abogados?

El proyecto establece que, en un plazo de 180 días, el Consejo de la Judicatura deberá implementar una herramienta informática para registrar el nombre y apellido de los abogados suspendidos.

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A esta herramienta deberán tener acceso todas las instituciones públicas, incluidos los judiciales, quienes, previo a la participación de una abogada o abogado en una diligencia, deberán verificar la habilitación profesional.

El proyecto será tramitado en la Asamblea Nacional, donde Noboa no cuenta con mayoría legislativa. Dado que no es una ley de carácter urgente, su discusión podría extenderse por varios meses.

¿Otra referencia relacionada con Aquiles Alvarez en este contexto?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó rápidamente a la propuesta. A través de su cuenta en la red social X, la consideró parte de su confrontación con Noboa.

“Sería bueno un proyecto de ley para cobrar las deudas de las empresas al SRI, por ejemplo, los $90.000.000 que debe su jefe, el todavía presidente/candidato. Ya que tienen años sin pagar, con todas las artimañas legales aplicadas para dilatar y buscar que no se cobre nunca, perjudicando a los ecuatorianos”, expresó Alvarez en su publicación.

(I)