Judicatura de Pichincha bajo tensión: denuncias por presiones a jueces, audios filtrados y vínculos internos

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Pichincha quedó bajo cuestionamientos tras denuncias de presiones a jueces que tramitan casos de corrupción en Quito en este 2025. Las alertas surgieron luego de los señalamientos del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien afirmó haber recibido interferencias para direccionar fallos.

Las acusaciones apuntan al Complejo Judicial Norte (CJN), donde funcionan la Dirección Provincial de la Judicatura y la Unidad Anticorrupción. En ese lugar ocurrió un atentado con coche bomba el pasado 6 de noviembre, a pocos metros de los despachos de las autoridades anticorrupción.

En este contexto apareció Henry Gaibor, quien se desempeñaba como director provincial del CJ de Pichincha. Un audio filtrado en diciembre de este año lo vinculó con supuestas presiones a magistrados, situación que derivó en su salida del cargo.

Porque soy responsable. El Director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, renunció a su cargo después que se hizo público el audio de su llamada al juez Carlos Serrano, sobre un procesado de narcotráfico: "He presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Director… pic.twitter.com/PDdkJ1rP48

— LaHistoria (@lahistoriaec) December 23, 2025

También apareció Ruth O., coordinadora provincial de Gestión Procesal. Su nombre ya había sido mencionado en el llamado caso Pendrive, una investigación por presuntas interferencias en decisiones judiciales. El 3 de abril del año actual, Ruth O. fue la única funcionaria que acudió a rendir versión ante la Fiscalía dentro de ese proceso. En esa diligencia también estaban citadas otras personas, pero no comparecieron.

Las denuncias sobre presiones no se limitaron al juez Serrano. El abogado Felipe Rodríguez también alertó públicamente sobre interferencias internas en procesos judiciales. Rodríguez relacionó estas advertencias con el atentado en el CJN. Según su versión, ese hecho reflejó el nivel de riesgo que enfrentan jueces que conocen causas sensibles.

El tema volvió a tomar fuerza el 24 de diciembre, cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cuestionó públicamente el manejo de la justicia en el caso Triple A. En ese contexto, afirmó que algunos magistrados habrían sido ubicados de forma irregular. El burgomaestre mencionó los nombres de Ruth O. y de Sofía Carrillo como parte de las supuestas presiones.

Carrillo trabaja como técnica de audiencias y diligencias en la Unidad Judicial Penal de la capital. Además, es tía de la esposa de Gaibor, un dato que aparece en los audios difundidos en el caso Serrano.

La denuncia que reactivó las alertas

El 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera afirmó que recibió presiones del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Godoy, y de otros funcionarios, entre ellos Gaibor. Según su versión, esas acciones buscaban que rechazara una acción de protección presentada por la entonces vicepresidenta Verónica Abad.

Vera sostuvo que el borrador de la decisión estaba almacenado en un dispositivo USB, al que se denominó públicamente “pendrive”. Luego de esa denuncia, Godoy presentó una querella por presunta calumnia. El proceso concluyó el 20 de octubre del año en curso, tras un acuerdo de conciliación que dispuso el archivo definitivo de la causa.

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