Castración química: la pregunta, cifras y argumentos que plantea Daniel Noboa
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Ecuador

Esta es la pregunta, los argumentos y datos que presenta Daniel Noboa para aplicar la castración química a violadores

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Entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 71.270 procesos por delitos sexuales

-- QUITO (25-06-2025).- Edificio de la Corte Constitucional del Ecuador, ubicada en las calles José Tamayo y Lizardo García, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO.
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El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional un proyecto de enmienda parcial al artículo 393 de la Constitución. El objetivo es habilitar la castración química como mecanismo sancionatorio en casos de violación.

El documento fue remitido la noche del viernes 11 de julio de 2025. Contiene la pregunta que se sometería a consulta y los argumentos que sustentan la propuesta del Ejecutivo.

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La pregunta planteada es:

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende el artículo 393 de la Constitución, a fin de que la Asamblea Nacional, a través de la ley, implemente un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación; y, que también contemple la creación de un registro de aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales, el cual será de carácter confidencial, y cuya única finalidad será la de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes?

Actualmente, el artículo 393 de la Constitución establece:

"El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno".

¿Cuáles son los argumentos que presentó el Ejecutivo?

En un documento de nueve páginas el Ejecutivo justifica su propuesta a través de los siguientes argumentos: destaca que Ecuador enfrenta una crisis estructural de seguridad y derechos humanos, y señala que niñas, niños y adolescentes se encuentran especialmente expuestos a distintas formas de violencia, incluida la sexual.

La propuesta también se sustenta en cifras de violencia sexual registradas en el sistema educativo por la Fiscalía General del Estado:

  • 7.023 casos identificados.
  • 3.214 denuncias contra docentes.
  • 109 contra autoridades educativas.
  • 100 contra personal administrativo.
  • 163 contra personal de limpieza.
  • 3.437 contra compañeros de aula.

Asimismo, el Ejecutivo presenta datos de la Función Judicial. Entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 71.270 procesos por delitos sexuales, de los cuales el 22 % involucra a menores de edad. De igual modo, según información del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, 6 de cada 10 víctimas de violación son niñas, niños o adolescentes.

Además, el Gobierno señala que, aunque el 97 % de los casos han sido denunciados, persisten los patrones de reincidencia y revictimización.

Reforma Constitucional Registro y Castracion 11 07 2025 19h06-signed

Referencias internacionales

El documento menciona experiencias de otros países que implementaron la castración química para delitos sexuales:

  • Indonesia: desde 2016.
  • Estados Unidos: en estados como Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin (desde 1966).
  • Europa y Asia: Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia y Corea del Sur aplican esta medida en casos de alta probabilidad de reincidencia.

Con base a ello, el Gobierno solicita a la Corte Constitucional que emita un dictamen previo de admisibilidad, que determine si la reforma puede tramitarse como enmienda parcial. Si la Corte aprueba el dictamen, la propuesta pasará a la Asamblea Nacional, que deberá iniciar su tratamiento legislativo. Al respecto, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anticipó su respaldo:

"Apoyaremos toda acción que ponga fin a la impunidad".

La propuesta surge luego de que se hiciera pública la denuncia contra el asambleísta Santiago Díaz por un presunto caso de violación a una menor de edad. 

(I)

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