¿Por qué la vicepresidenta Verónica Abad continúa en Israel?

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, continúa en Israel, pese a que el presidente Daniel Noboa dispuso su traslado a Turquía, el pasado 8 de agosto de 2024, ante el conflicto en Medio Oriente.

• Respaldo a Verónica Abad (quenoticias.com)

"Hasta el día de hoy no se cumple el mandato que tiene ese decreto", aseguró la canciller Gabriela Sommenfeld durante una entrevista publicada el 20 de agosto en el programa Vera a su manera.

En este espacio, Sommenfeld agregó que Abad "ha desprestigiado al Ecuador y ha desprestigiado a Israel (…) diciendo que es el país más inseguro de mundo y que su vida está en riesgo".

Ante esta queja en medios de comunicación e informes, la canciller señaló que el presidente emitió un decreto para que se desplace a Turquía.

La vicepresidenta no está siendo consecuente con el momento que vive el país, se está victimizando de una forma que no se entiende:@gabisommerfeldhttps://t.co/KGMH3ycMdUhttps://t.co/1iRQOtJbZ0 pic.twitter.com/CzchM92aFC

— Vera…A Su Manera (@Vera_ASuManera) August 20, 2024

¿Por qué la vicepresidenta Verónica Abad continúa en Israel?

A través de un comunicado, la Vicepresidencia de la República confirmó que Abad continúa desempeñando sus funciones desde las oficinas de Ecuador en Tel Aviv, Israel.

"A partir de la expedición del Decreto Ejecutivo 353, el 8 de agosto de 2024, la institución ha mantenido coordinaciones ininterrumpidas con la Cancillería para la ejecución de los artículos 3 y 4, que refieren a ‘la determinación de los valores que asumirá el Estado ecuatoriano'", indica la Vicepresidencia.

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— Vicepresidencia (@Vice_Ec) August 20, 2024

Tensión entre Verónica Abad y funcionarios de Gobierno

Por haber incurrido en actos de violencia política de género, en días pasados, Abad presentó una denuncia ante el TCE en contra del presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Gobierno Esteban Torres y la asesora presidencial Diana Jácome.

Abad pidió que se interponga a los funcionarios una multa de setenta salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de derechos políticos de cuatro años. (I)