Benavides: "Lo de la campaña es una jugarreta sin sentido"
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Ecuador

En máximo 15 días se conocerá el dictamen a la demanda de inconstitucionalidad en contra Noboa: Benavides, abogado constitucionalista, prevé estos escenarios

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De acuerdo al dictamen de la entidad, Cinthya Gellibert también podría ser sancionada por usurpación y simulación de funciones.

Daniel Noboa en campaña electoral tras la muerte cruzada. Foto: Redes
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Las decisiones del presidente Daniel Noboa, las resoluciones en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y la campaña electoral detonarán un efecto dominó en el Ejecutivo. Según el abogado constitucionalista André Benavides, el jefe de Estado podría enfrentar responsabilidades de carácter político, penal y electoral. La última se desembocó de la "discusión" de la obligatoriedad de pedir licencia para la campaña electoral.

La medida se basa en el argumento de que un servidor público (el presidente) ingresó a este proceso y pidió el voto a los ciudadanos sin receso electoral. Por otro lado, el penal. Si un aspirante a cualquier dignidad utiliza recursos públicos, estaría cayendo en el presunto delito de peculado. De acuerdo con el artículo 129 de la Constitución, este es uno de los causales de juicio político en la Asamblea Nacional.

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Es procedente el juicio

Benavides explicó que para ese proceso de fiscalización, los proponentes no necesitan una sentencia o resolución judicial. Bastaría con la presunción y que se determine la responsabilidad. De la misma manera, apuntó que solo bastaría con una fotografía del día domingo 5 de enero, cuando el presidente "saludó" a sus simpatizantes desde Carondelet.

"Creo que él (Noboa) se asustó y pidió esa pila de licencias bajo el argumento de ausencia temporal. Así, cuando se presente al juicio político, al Tribunal Contencioso (TCE) y a la Corte Constitucional (CC), dirá que ese documento respalda que no incumplió ninguna norma de la Constitución", anticipó el constitucionalista.

Previo al debate electoral

En medio de los comicios, el debate electoral se programó para el 19 de enero. Bajo las modificaciones al Código de la Democracia de 2020, el debate presidencial es un acto obligatorio para los postulantes, si un ciudadano lo incumple, se activarían otras sanciones. Para Benavides, las penalizaciones se ejecutarán vaya o no el primer mandatario.

El primer escenario: si Noboa se presenta al careo, sería un ciudadano en funciones que pide el voto y no pidió licencia electoral. La actuación recaería en una infracción electoral grave. Por el contrario, si el presidente se ausenta, también incurre en la misma falta y puede ser sancionado con una multa, pérdida de derechos políticos y destitución.

"Todos nos preguntamos si acudirá al debate. Ahora, si quiere decir que otro motivo de fuerza mayor es la investidura de Donald Trump en Estados Unidos, está equivocado", refutó el constitucionalista.

Respuesta de la Corte

El viernes 10 de enero, la CC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto 500, donde Noboa encarga la Presidencia a Cinthya Gellibert, pero no aceptaron las medidas cautelares para dejar sin efecto el documento. A los pocos días y con la muerte del alcalde de Arenilla, Eber Ponce, el presidente derogó el decreto y dejó sin efecto la licencia por tres días. Para el abogado, el jefe de Estado no podrá evadir el control de la CC, pues el artículo 76 de Garantías Jurisdiccionales le permite a la entidad controlar los actos y documentos que fueron archivados o eliminados. "Del control no se salvan", dijo.

Se prevé que la decisión de la Corte se emita en estos días y, a más tardar, la próxima semana. La entidad le otorgó un plazo de tres días a la cabeza del país para que remita el origen de dicho informe. De la misma manera, alertó que con base en la decisión del ente de control, Gellibert también podría ser sancionada por usurpación y simulación de funciones. Además, de una posible malversación de fondos, pues cómo va a justificar el presidente el aumento de sueldo de la "vicepresidenta encargada por la principal autoridad".

"La Corte no puede hacerse la loca. No pude hacer el escuchamos, pero no juzgamos. Eso marcaría un precedente para los futuros gobiernos. En cuanto a la sucesora de Noboa designada a dedo, podrían alegar una malversación de fondos", anticipó Benavides.

Para el magistrado, lo grave del decreto inició con el desconocimiento al orden de sucesión presidencial. Además, insistió en que el Gobierno Nacional intentó estirar la norma hasta que se "quedaron sin argumentos". Detalló que ya pretendieron pedir una excusa de la Procuraduría General del Estado, pero esta no aceptó. Luego, activaron un proceso en contra de Abad para enjuiciarla con permiso de la Asamblea, pero no se logró. Además, incurrieron en el sumario administrativo que no se desvaneció a los meses.

"El gobierno quiso salvar los muebles, dice que no va a pedir licencia , pero encarga la Presidencia a Moya y luego a Gellibert; su argumento es que Abad está en ausencia temporal. No pensaron en los efectos colaterales. Están jugando al pepo o tingue. No sabe qué más hacer y golpea para que caiga a la suerte. No es una jugada maestra, es un tema que va a la desesperada. Es una jugada de barrio", concluyó Benavides.

(I)

 

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