Organizaciones sociales claman verdad, justicia y reparación ante el caso de los niños de Las Malvinas

Luego de que las autoridades confirmaran que los cuerpos hallados en Taura pertenecen a los niños de Las Malvinas, distintas organizaciones sociales, actores políticos e instituciones gubernamentales se pronunciaron al respecto para exigir verdad y justicia. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresaron sus condolencias a la familia y reprocharon el "rumbo que tomó Ecuador" debido a una marcada "polarización" política. Asimismo, cuestionaron el papel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) al cuidado de la ciudadanía.

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"Este no es el país que queremos para nuestras familias, duele mucho e indigna lo que hicieron con cuatro niños, repito, niños de Guayaquil (…) Ecuador necesita sanarse, tenemos que reconstruir un país destrozado", relató Pabón.

"Qué forma más triste de cerrar el año. Nada calmará el dolor de los padres, así como nada borrará la marca de asesinos a todos los involucrados, directa o indirectamente", dijo Aquiles.

La prefecta de Guayaquil, Marcela Aguiñaga, también elevó sus condolencias y calificó el evento como algo inaceptable. Enfatizo que el miedo no sea el elemento silenciador ante casos de esta magnitud. "Que la solidaridad se transforme en voz que exija justicia", apuntó.

Organismos sociales

A su vez, la Casa de las Culturas Ecuatoriana (CCE) remarcó que el hallazgo de los cuerpos de los niños desaparecidos coloca al país en una realidad que no puede ignorar. Apuntó que el hecho no puede quedar impune porque "destruye la sociedad". "Exigimos a las autoridades que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos", refiere el escrito. La Defensoría del Pueblo también mostró su indignación y repudio ante el caso. Adelantó que seguirá el proceso de cerca a fin de que el Estado responda con verdad, justicia, reparación integral y no repetición.

Por otro lado, desde el dolor e indignación, organismos sociales lamentaron la noticia. Insistieron en que la desaparición forzada de los cuatro niños "no es un hecho aislado" y responde a una "práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación y estigmatización". Comentaron que organizaciones a favor de los derechos humanos denunciaron estas prácticas desde la declaratoria del conflicto armado interno en el país.  Además, instaron a las autoridades a investigar y, de ser el caso, involucrar a toda la cadena de mando si hallan responsabilidades por acción y omisión.

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"Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños y condenamos su actuar negligente e inoperante ante la denuncia de los familiares de las víctimas. Que la verdad prevalezca", detalla el documento.

Pronunciamiento gubernamental

Mientras tanto, los ministerios de la Mujer y Derechos Humanos, Defensa y del Interior también emitieron un comunicado. La primera cartera de Estado se solidarizó con las familias de las víctimas y "reafirmó su compromiso" en la búsqueda de justicia, paz y reparación. De la misma manera, señaló que trabajará para que los derechos de las víctimas sean respetados y el caso no quede impune.

"Recordamos a todas las instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general la importancia de actuar con sensibilidad y respeto a las familias afectadas, evitando cualquier forma de revictimización y estigmatización", reza el comunicado.

El ministerio insistió que los servicios de Protección Integral acompañan a las familias durante el proceso. Además, se ejecutan acciones de manera articulada con las instituciones competentes para garantizar la verdad y que este hecho no ocurra en el futuro.

A su vez, el Ministerio de Defensa indicó que el caso se llevará con "total transparencia" para dar con los responsables de la muerte de los menores. Explicó que las FF.AA. cooperarán en el procedimiento y en lo que dure la instrucción fiscal a modo de resolver el caso. Recalcó que la "verdad y justicia" son aspectos "innegociables" para la institución, por lo que no ha permitido que exista "riesgo alguno" de entorpecer la indagación.

"Desde que se conoció el hecho, tomamos las medidas necesarias para garantizar que los 16 militares investigados permanezcan a disposición de las autoridades que llevan el caso", relata la entidad en un informe.

Tres días de luto

Tanto la Vicepresidencia de la República como la Asamblea Nacional exhortaron al país a tres días de luto por el fallecimiento de los menores Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Steven Medina (11 años) y Nehemías Arboleda (15 años). Resaltaron que la muerte de los niños deja una herida irreparable en sus hogares y en todo el Ecuador.

La Vicepresidencia celebró que los padres de las víctimas alzaran la voz. Apuntó que las autoridades no "deben dar tregua a los responsables". "El Ecuador no tolera más impunidad ni violencia", resalta el oficio.

(I)