Ecuador
¿Por qué el Tribunal Anticorrupción revocó la prisión preventiva a 11 de los 12 procesados por terrorismo en Otavalo?
La vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, sostuvo que no existieron pruebas que demuestren la participación de los liberados en actos violentos o delincuencia organizada.
El Tribunal Anticorrupción de Pichincha revocó la prisión preventiva de 11 de los 12 detenidos durante el paro nacional del 22 de septiembre en Otavalo. La decisión se adoptó el viernes, 24 de octubre de 2025, al determinar que no existen pruebas suficientes que los relacionen con la quema del Comando de Policía del cantón.
El juez Fernando Sánchez Salcedo presidió la audiencia y ordenó la liberación inmediata de los procesados. Entre ellos se encuentran varios miembros de comunidades indígenas. El ente judicial dispuso medidas alternativas. Los liberados no podrán salir del país y deberán presentarse el primer lunes de cada mes ante una unidad judicial cercana.
Esto fue lo que motivó la resolución del caso.
Los procesados eran investigados por presunto delito de terrorismo. La Fiscalía indicó que en el lugar se hallaron vainas calibre 40, piedras y vehículos policiales dañados. Los jueces concluyeron que esos elementos no justificaban la prisión preventiva. En la resolución judicial se detalla la lista de los 11 ciudadanos beneficiados: El tribunal no se refirió al caso de Luis Henry J. E., procesado de origen extranjero, cuyo nombre no fue mencionado durante la resolución oral. Su audiencia de revisión de medidas está programada para el 16 de noviembre del año en curso. Familiares esperaron la salida de los liberados frente al Centro de Rehabilitación Social de Ibarra.
⭕ #Ibarra | Entre lágrimas, abrazos y cantos, las familias y comunidades recibieron a los 11 compañeros de #Otavalo que fueron liberados hoy.
Después de 32 días de detención injusta, vuelven a los brazos de su pueblo, con la frente en alto y el corazón firme.
Hoy no celebramos… pic.twitter.com/V9IWvPVv8E — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 24, 2025 La vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, consideró la resolución judicial como un precedente importante. Afirmó que no se ha demostrado la participación de los liberados en actos de terrorismo ni su pertenencia a grupos de delincuencia organizada.
Según el reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el paro dejó 391 vulneraciones a derechos humanos. También se documentaron 206 detenciones, 473 personas heridas, 16 desapariciones temporales y 2 fallecidos durante las manifestaciones.
(I)