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Ecuador

¿Por qué defensores del agua rechazan la suspensión de Loma Larga y exigen su cancelación definitiva?

Los colectivos concluyeron su pronunciamiento reiterando que la consulta popular de 2021 en Cuenca prohibió la minería metálica en zonas de recarga hídrica.

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El comunicado del Gobierno sobre la suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en el páramo de Quimsacocha, generó rechazo entre organizaciones sociales y defensores del agua en Azuay.

En un comunicado difundido el jueves, 25 de septiembre de 2025, colectivos y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) calificaron la medida como “insuficiente y engañosa”, pues insisten en que no aceptarán suspensiones temporales. Su demanda es la revocatoria inmediata y definitiva de las concesiones mineras otorgadas en la zona. Además señalan que un proceso de suspensión puede durar días, meses o incluso años.

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Las organizaciones recordaron que, el 17 de septiembre, un día después de la marcha que reunió a más de 100.000 personas en Cuenca en defensa del agua, entregaron al presidente Daniel Noboa una carta formal solicitando la cancelación de la licencia ambiental. Por consecuente, rechazaron las declaraciones del viceministro de Minas, Javier Subía, quien sostuvo que no existe una petición formal de revocatoria.

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El comunicado también advierte que la presencia de la minera Dundee prolonga la tensión en las comunidades y mantiene en riesgo las fuentes hídricas y los páramos. Por ello, además de la cancelación, plantean tres ejes:

  • La cancelación inmediata y definitiva de las tres concesiones mineras en Quimsacocha.
  • Un plan de remediación ambiental integral en todas las zonas afectadas.
  • Que se inicien los trámites ante la Unesco para que Quimsacocha sea declarada Patrimonio Natural de la Vida Humana y no Humana.

Los colectivos concluyeron su pronunciamiento reiterando que la consulta popular de 2021 en Cuenca prohibió la minería metálica en zonas de recarga hídrica, por lo que señalan el Gobierno debe atender la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

(I)

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