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Ecuador

"No pueden arrastrar la justicia al capricho político", dice vocero de la Aemaj ante las declaraciones del ministro Loffredo

La jueza Tanya Loor otorgó un plazo de 10 días para que el Estado ofrezca disculpas públicas a los familiares de los niños de Las Malvinas.

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En medio de las disculpas públicas que ofreció el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, a los allegados de los niños de Las Malvinas, alegó que irá “hasta las últimas consecuencias” para que la decisión de la jueza Tanya Loor no se convierta en una “persecución”. Días atrás, la magistrada aceptó el hábeas corpus a favor de los familiares de los chicos y dispuso las disculpas por parte del Estado y el protocolo de búsqueda.

Varios jueces, abogados del derecho, la Corte Constitucional y la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (Aemaj) rechazaron esa actuación. Además, llamaron a respetar la independencia y el orden judicial.

Así, Carlos Dávila, vocero de la institución, remarcó que la sentencia nunca pretendió “restar valor” a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o se prestaría para un hostigamiento. Enfatizó que el dictamen da cuenta de un caso particular y del mal procedimiento de los implicados en el arresto.

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“En qué parte de la resolución dice eso. Cuando hay un estado de necesidad por parte del gobierno, las fuerzas del orden salen a defenderlo. Nosotros analizamos un hecho en concreto que se riñe a tratados internacionales”, refirió Dávila en Radio Pichincha.

Insistió en que la administración de justicia es el garante de la democracia. Además, apuntó que uno de los objetivos de la Aemaj es la independencia judicial. De la misma manera, avizoró que el “amedrentamiento” a los jueces no recae sobre una sola persona, sino sobre la institucionalidad.

Métodos de apelación

Para Dávila, lo "razonable" era que las autoridades -en desacuerdo con la resolución o el actuar de un juez- acudan a instancias legales para refutar lo dicho. Repitió que las audiencias no "se ganan con gritos, pancartas, amenazas o en redes sociales", sino con argumentos y dentro del proceso de audiencia. Aludió que la independencia debe ser interna y externa. La primera pretende evitar que un servidor se interponga o sugiera en la sentencia. La segunda impide que un funcionario u organizaciones públicas o privadas sugieran o amedrenten a un juez para que fallen a favor de determinada postura.

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"Hay sucesos precisos que alarmaron a los ciudadanos y en todos se debe determinar una responsabilidad de los actores. La administración de justicia permite la democracia, de lo contrario estaríamos en una dictadura", dijo Dávila.

El vocero detalló que los cinco poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Transparencia y Control Social y Electoral) existen para mantener el orden y garantizar la estadía en el país. Apuntó que las instituciones tienen que componerse de personas preparadas y técnicas en administración de justicia, pública y problemas del país.

"No podemos politizar a una institución y no podemos arrastrarla a capricho de orden político", subrayó Dávila.

(I)

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