Caso Pruevas Covid-19: Bucaram debe asistir el 31 de agosto
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Ecuador

Lo que implica el aplazamiento de la audiencia de juzgamiento del caso Pruebas Covid-19

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El juez Gandhy Cervantes fijó una nueva fecha para juzgar el caso Pruebas COVID-19, pero un certificado médico y el fantasma de la prescripción vuelven a rondar la diligencia.

El juez Gandhy Cervantes fijó para el 31 de agosto la reinstalación de la audiencia del caso Pruebas COVID-19, que no pudo avanzar por la ausencia de Abdalá Bucaram. Foto: Santiago Molina/EU
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El próximo  31 de agosto de 2026, a las 17:00, el tribunal intentará por decimotercera vez instalar la audiencia de juzgamiento del caso Pruebas Covid-19. Si tampoco entonces se logra, la diligencia quedará convocada de forma automática para el jueves 3 de septiembre, también a las 17:00.

El proceso involucra al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Leandro Berrones.

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La suspensión de este miércoles se produjo después de que la defensa del expresidente informara que permanece en una unidad de cuidados intensivos en Guayaquil, tras una intervención médica de emergencia apenas días después de que se le concediera un reposo de 30 días por problemas cardíacos.

Sin embargo, el juez Gandhy Cervantes exigió que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) convalide esa información antes de la próxima fecha. Esa validación, que hasta ahora no se ha hecho pública, será la primera variable que defina si la audiencia del 31 de agosto se instala o se convierte en el decimotercer aplazamiento de un proceso que ya acumula doce.

Pero a diferencia de citas anteriores, el tribunal advirtió que se mantiene la disposición de garantizar la comparecencia de todas las partes procesales, incluso mediante el uso de la fuerza pública.

Se teme que  la acción penal prescriba

La Fiscalía ya puso puso a consideración, semanas atrás, el riesgo de que la acción penal prescriba si el proceso se aplaza cada vez más. El caso se abrió en agosto de 2020 por la presunta comercialización irregular de 21.000 pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria, y acumula seis años de trámite.

(I)

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