Comunidades del valle de Íntag temen que nueva ley de minería en Ecuador atraiga problemas de hace décadas

Los habitantes del valle de Íntag, en la provincia de Imbabura, llevan más de tres décadas en resistencia ante la llegada de la minería a su territorio. Ahora temen que la nueva ley minera que promueve  el Ejecutivo ecuatoriano reactive el conflicto por la contaminación, divisiones comunitarias y tensiones con el Gobierno.

EFE recoge que en esta zona montañosa del norte del país, las actividades de exploración minera ya han generado impactos en ríos, biodiversidad y actividades económicas como la agricultura y el turismo comunitario, según las comunidades locales.

El valle, conocido por sus bosques nublados y su biodiversidad, alberga numerosas especies de orquídeas, aves, anfibios y mamíferos. La conservación de este ecosistema incluso ha recibido respaldo internacional, con pronunciamientos de figuras públicas como el actor Leonardo DiCaprio.

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Comunidades alertan sobre impactos en el agua

Uno de los principales cuestionamientos a la nueva normativa es que, según los habitantes, podría reducir controles ambientales y aumentar los riesgos para las comunidades cercanas.

Marcia Ramírez, integrante de la directiva de EcoJunín, organización que impulsa proyectos de ecoturismo, afirma que los monitoreos ambientales comunitarios han detectado cambios en la calidad del agua de los ríos. “Hasta hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la contaminación”, cita EFE.

De acuerdo con los registros de las comunidades, el pH del agua llegó a bajar a niveles entre 6 y 6,5 en 2020. Además, la conductividad alcanzó hasta 327 microsiemens a finales de 2016, cuando el rango habitual suele estar entre 20 y 100 microsiemens.

Un conflicto que comenzó en los años 90

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La disputa en Íntag se remonta a la década de 1990, cuando una empresa minera de origen japonés inició exploraciones en la zona, lo que generó rechazo de las comunidades.

Posteriormente, la compañía canadiense Ascendant Copper retomó el proyecto, lo que desencadenó enfrentamientos con los habitantes. En uno de los episodios más recordados, pobladores retuvieron a 56 presuntos paramilitares vinculados a la empresa, un hecho que terminó con la salida de la compañía del país.

En 2011, el Estado ecuatoriano retomó el proyecto mediante la Empresa Nacional Minera del Ecuador y firmó un acuerdo con la estatal chilena Codelco para desarrollar el proyecto de cobre Llurimagua.

La iniciativa generó nuevas protestas y derivó en la detención en 2014 del dirigente comunitario Javier Ramírez, acusado de rebelión y sabotaje. Permaneció diez meses en prisión.

Habitantes de la comunidad de Junín recuerdan ese periodo como uno de los momentos más tensos del conflicto, marcado por operativos policiales y confrontaciones.

Fallo judicial a favor de las comunidades

En 2023, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura falló a favor de las comunidades de Íntag y revocó la licencia ambiental del proyecto Llurimagua.

Sin embargo, los habitantes aseguran que el conflicto no solo ha tenido impactos ambientales, sino también sociales y económicos.

Los habitantes del valle de Íntag, en los Andes ecuatorianos, llevan más de tres décadas resistiendo la llegada de la minería a sus tierras, pero temen que la nueva ley minera impulsada por el Gobierno de #Ecuador facilite el avance y reabra un conflicto marcado por denuncias de…

— EFEverde (@EFEverde) March 13, 2026

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