Asociación de Empresas Automotrices insiste en que la ley de lavado de activos impondría más tributos al precio de vehículos usados

El proyecto de ley sobre lavado de activos enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional plantea el incremento del 1 % al 5 % del impuesto en la compra de vehículos usados. Ante esa posibilidad, el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), Genero Baldeón, cuestionó que ese ítem no cumpliría el objetivo que propone el jefe de Estado.

Explicó que el sector cuenta con, al menos, 23 tributos que se distribuyen en: aranceles a la importación, impuestos a salida de divisas (ISD), consumos especiales (que llega hasta el 35 % del valor del auto) e  impuesto a la propiedad (que alcanzaría el 6 % del precio total del bien). Insistió que una medida similar perjudicaría a los ecuatorianos por lo costoso que sería obtener un vehículo.

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"Pedimos al gobierno discutir de qué manera el tributo, incremento y cambio del mismo podría llevar al objetivo que pretenden (…) Eso solo incide en la competitividad productiva y de movilidad del Ecuador", aludió Baldeón en Radio Sucesos.

Para el director de la Aeade, lo indispensable es reforzar el control o fiscalización a los procesos de adquisición. Explicó que, en el panorama de crisis que vive el país no es oportuno imponer un nuevo impuesto.

El proceso a la interna

Baldeón comentó que las compañías y patios de venta automotriz regularizados cumplen con procesos y legislaciones para la prevención y erradicación de ese delito. De la misma manera, apuntó que emplean los formularios y recomendaciones difundidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Sin embargo, el problema radica en los sitios que no están legalizados y ofrecen los mismo servicios. Sobre eso, el Ejecutivo también envió puntos para regularizar estos sitios y evitar que el crimen organizado suministre su "economía ilegal".

Aclaró que la Aeade emplea varios requisitos para la homologación de vehículos de alta gama importados. No obstante, los centros que se manejarían desde la "clandestinidad" traen los autos de manera directa y los ofrecen sin marcar una hoja o trazabilidad para saber el origen de los recursos.

"Esa debería ser la primera alerta para que las autoridades enfoquen sus esfuerzos. Una persona natural no podría conseguir esos bienes. Los procesos de homologación solo lo realizan las empresas del exterior con una serie de requisitos previos". concluyó Baldeón.

(I)