Juristas califican de inconstitucional la suspensión de Verónica Abad: candidatos presidenciales se pronuncian

El 9 de noviembre de 2024, la decisión del Ministerio de Trabajo de suspender a la vicepresidenta Verónica Abad por cinco meses ha generado un fuerte rechazo entre juristas y políticos en Ecuador.

La medida ha sido calificada como un “atentado a la democracia” y una “violación al Estado de Derecho” por varios expertos en derecho constitucional y derechos humanos.

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Críticas de juristas y expertos constitucionalistas

La abogada penalista Paulina Araujo calificó la resolución como un “sinsentido jurídico” en su cuenta de X. Según Araujo, el hecho refleja cómo las decisiones legales se distorsionan cuando se da prioridad al poder político sobre la justicia.

Por su parte, el abogado constitucionalista José Chalco también cuestionó la falta de seriedad en la sanción. En su opinión, la suspensión de Abad no tiene base legal, ya que la Constitución establece causas claras para la ausencia temporal de un vicepresidente, pero no contempla una sanción administrativa.

El penalista Pablo Encalada también se pronunció, asegurando que el silencio ante este tipo de violaciones no solo es imprudente, sino que también equivale a complicidad con el poder.

De igual manera, María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas, indicó que esta decisión refleja un uso político de la ley que recuerda las prácticas del correísmo.

El abogado André Benavides señaló que la decisión de suspender a Abad no tiene base constitucional. Aseguró que la única instancia con facultad para intervenir en el caso de la vicepresidenta es la Asamblea Nacional, a través de un juicio político o proceso de fiscalización.

En este sentido, Benavides subrayó que las acciones legales que Abad podría emprender no suspenderán la sanción, por lo que la vicepresidenta deberá cumplir con la medida.

Reacciones políticas ante la suspensión

Políticos de diferentes tendencias también han condenado la suspensión de Abad. Henry Cucalón, del movimiento Construye, calificó la medida de inconstitucional e ilegal, y aseguró que busca evitar que Abad asuma la presidencia en caso de que el presidente salga de campaña.

Mientras tanto, Luisa González, candidata presidencial del movimiento correísta Revolución Ciudadana, señaló que se trata de un “artilugio político” para debilitar a los opositores y vulnerar la Constitución.

Desde el Movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala argumentó que el gobierno se ha extralimitado al imponer una sanción administrativa que no corresponde a las facultades del Ministerio de Trabajo.

(I)

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