"Hay que ser serios con las impugnaciones": presidente de la Comisión de Renovación de la Corte Constitucional explica cómo avanza el proceso

El cambio de los jueces de la Corte Constitucional (CC) inició en septiembre de 2024; el proceso transcurría con normalidad, pero dos recusaciones marcaron la parálisis del mismo. La entidad se conforma de nueve jueces que se renuevan por tercios cada tres años. Los nombres de los magistrados que serán reemplazados se los conocerá tras un sorteo. El 19 de febrero de 2025, la Comisión Renovadora de la Corte presentó los puntajes previos de los postulantes, pero aún está pendiente la calificación de la defensa oral.

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En medio del concurso tuvieron tres bajas. Sandra Cordero y Gladys Proaño renunciaron, mientras que Angélica Porras fue descalificada. Por lo que los eventuales ganadores son Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides. Por otro lado, las trabas en el concurso responderían a una acción de protección presentada por Porras y la presunta inhabilitación de Terán para ejercer un cargo público.

La expostulante interpuso una acción de protección, en la que alega que fue víctima de discriminación. Con ese recurso solicitó que el proceso se retrotraiga a la segunda fase y se la reintegre. Para Izquierdo, el alegato de Porras no tiene validez y carece de "asidero constitucional". Además, remarcó que la implicada tuvo tres impugnaciones, pero la mesa solo aceptó dos.

"Eso no afecta en nada a la renovación. En ningún momento se cuestionó su calidad de género, argumento con el que se presentó ante la justicia.  Si se sintió afectada, tenía que activar un mecanismo que calce con su petición", dijo Izquierdo en entrevista digital con Radio Sucesos, el 26 de febrero de 2025.

La fiscal Ana María Hidalgo, quien estará a cargo de este proceso, fijó la audiencia para el viernes 28 de febrero. No obstante, Porras pidió que se aplace el encuentro, pero la autoridad judicial no ha dado una respuesta.

Impedimento para Terán

Por otro lado, el 24 de febrero, el Ministerio de Trabajo presentó un supuesto impedimento legal en contra de Terán para ejercer un cargo público. Según el documento, la sanción respondería a una destitución notificada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en 2019. Sin embargo, Izquierdo recalcó que la inhabilitación se oficializó en 2021 y tenía una duración de dos años. O sea, terminaba en 2023.

"Hay que ser serios y conscientes con lo que se hace. Se estableció un cronograma claro para que refuten a los postulantes, pero no para que se lo haga previo a la proclamación de resultados", afirmó el representante de la Comisión.

Según Izquierdo, Terán envió una carta al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, para que aclare si puede o no continuar en el proceso. El titular de la entidad deberá remitir la documentación al interesado y al Ministerio de Trabajo. De la misma manera, reprochó que este reclamo no se haya realizado al inicio del concurso o en la etapa de impugnaciones.

"Ya pasó ese tiempo. Hay una serie de inconsistencias en el tema, pero es importante preguntar a los funcionarios de la cartera de Estado para avanzar con las fases", apuntó el servidor.

Se estima que la respuesta al conflicto de Terán la difundan la tarde del 26 de febrero. Solo así la comisión podrá impartir los resultados finales este jueves 27.

(I)