Ecuador
Juicio político al exministro de Salud Jimmy Martín no avanzó: ADN se abstuvo en la votación
El asambleísta Luis Fernando Molina acusó a la Comisión de no cumplir su función de fiscalizar y advirtió que la omisión del voto frena el control político.
La Comisión de Fiscalización decidió no continuar con el juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martín. La sesión se realizó el miércoles, 10 de diciembre de 2025, y terminó sin respaldo suficiente porque la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) no apoyó la moción.
La propuesta fue presentada por la asambleísta Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana (RC). La legisladora señaló que el pedido cumplía los requisitos legales y que ya contaba con la validación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, el requerimiento solo reunió los votos de su bancada, es decir cuatro.
Abordará:
➡️Avocar y calificar, de ser procedente, el trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del señor Jimmy Daniel Martin Delgado, exministro de Salud Pública, interpuesta por los asambleístas Luis Molina, Franklin Samaniego y Eliana Correa.— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 11, 2025
El proceso quedó sin avance
La mayoría oficialista, integrada por cinco legisladores de ADN y el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, optó por abstenerse sin explicar las razones. Con esa decisión, el trámite se frenó y se unió a otros pedidos de juicio político contra funcionarios del gobierno de Daniel Noboa que tampoco prosperaron.
El proceso fue impulsado por los legisladores Franklin Samaniego, Eliana Correa y Luis Fernando Molina. Ellos señalaron que Martín declaró una emergencia sanitaria para comprar medicinas e insumos, pero no solucionó el desabastecimiento en los hospitales públicos.
Tras la votación, Molina criticó al sector afín al Ejecutivo y afirmó que la Comisión “desconoce su responsabilidad de fiscalizar”. El legislador indicó que la solicitud tenía causales, firmas e informe de respaldo y que la abstención representa una limitación al control político. La asambleísta Viviana Veloz también cuestionó la decisión y dijo que el sistema de salud sigue en crisis y afecta a pacientes con enfermedades graves.
De igual manera, la Bancada Ciudadana emitió un comunicado en el que señaló que la fiscalización es un deber constitucional. Añadió que el actual Gobierno “Recurre a la política del bloqueo, la evasión y el blindaje mientras el país enfrenta una crisis sanitaria inocultable”.
(I)
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