Estas son las opciones que tiene el Estado para garantizar al suministro de internet a los ecuatorianos

"Sin luz, sin agua, y, ahora sin internet", son algunos de los reclamos ciudadanos en redes sociales.  El debate inició luego de la decisión del Gobierno Nacional de suspender el título habilitante a Cable Andino S.A., que tiene por accionistas a Telconet, empresa de la familia Topic. El ministro de Telecomunicaciones, Cesar Martín, insistió en que ningún operador puede suspender del servicio de internet a los usuarios. Recalcó que el proceso está penado y sancionado por la Constitución y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Martín alegó que la intención de suspender internet no está justificada de manera técnica o legal. Explicó que el proceso de reversión de bienes puede tomar un año; mientras tanto, la entidad tiene la obligación de proveer el servicio. Una vez finalizada la transacción, las autoridades tienen dos opciones. Una, el Estado podría asumir esta responsabilidad; sin embargo, la experiencia y la capacidad de manejar el sistema generaron otros cuestionamientos.

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"No puede haber apagón de internet por  ninguno de los puntos de la cadena, no hay una justificación. Es un servicio público que no se puede suspender", detalló Martín en Teleamazonas.

Cadena de operación

Martín explicó que el país tiene varias cadenas de suministro de internet y cada una tiene tres eslabones. Una de ellas, es la conexión a través de fibra óptica (cables submarinos) que llega desde el exterior hasta Ecuador. En el primer eslabón se encuentran las empresas que manejan esos ductos. Uno de ellos es Cable Andino S.A. que representa entre el 14 % y 15 % del flujo de datos y abarca el 40 % y 50 % de consumo de usuarios.

Luego, están los transportadores que reciben el internet del cable submarino en los puertos de Ecuador, estos se encargan de distribuirlo a los proveedores finales. Por último, se encuentran los distribuidores que mantienen un contrato con el usuario por la dotación del servicio. El ministro insistió que el problema se aloja en uno de los cinco cables submarinos y no en los últimos eslabones, por lo que no habría afectación.

"Tanto los proveedores de servicio de internet (ISP) como los del cable submarino están obligados a continuar con el trámite. Después verá Cable Andino o Telconet si mantiene el negocio con la empresa nueva o se suma a otra entidad que maneja el mismo procedimiento", alegó el servidor.

 Irregularidades y perjuicios

Martín mencionó que el proceso de revisión de este contrato se dio luego de que la empresa implicada solicitara una ampliación en la capacidad de título habilitante. Justificó que el equipo técnico hizo una "revisión completa" del documento y halló varias irregularidades en tres puntos importantes. Primero, la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Explicó que este requisito debió ser entregado al inicio de la concesión, pero se presentó dos años después.

Alegó que el Estado estuvo desprovisto de la "seguridad" del servicio por más de 24 meses. También, comentó que no se demostró la viabilidad financiera. Repitió que este inciso es relevante en una operación de tal magnitud. Aseveró que, con base en esos documentos retiraron el título habilitante.

"Para ser claros, no había una garantía de no afectación a la ciudadanía en la prestación de internet. Arcotel actuó en función de sus competencias, no se trata de una armada política como lo dicen", declaró el ministro de Noboa.

También, señaló que la posibilidad de que las empresas acuerden sus precios a la interna permite que "ciertos recursos" se manejen por un eslabón y no por toda la cadena. Con ese comportamiento afectan la recolección económica que debe tener el Estado, que representa el 1,5 % del proceso. Ante esos problemas, pidió a la Superintendencia de Control de Mercado que investigue el flujo de dinero en la cadena.

"La facturación anual de la empresa es de USD 3 millones, pero contrasta con la factura anual de tercer bloque que llega a los USD 300 millones anuales", insinuó Martín.

(I)