A poco de cumplirse un año del conflicto armado, la violación a DD.HH., secuestros y extorsiones aumentaron, según subdirector de HRW

El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno, a través del decreto 111. La medida permitía la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las calles de Ecuador. En aquel entonces, el país se alertó por la fuga de Adolfo Macías, alias "Fito", que también se cumplió un año el 7 de enero, y la toma del canal TC Televisión por 13 sujetos armados. Según las autoridades gubernamentales, la intención era disminuir la criminalidad en el territorio y "combatir al crimen organizado" junto al Plan Fénix.

Sin embargo, el subdirector de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, aludió que ese fue "un año perdido para Ecuador", pues la declaratoria no ha presentado resultados positivos. Al contrario, en ese lapso, las violaciones a derechos humanos, secuestros y extorsiones aumentaron.

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"Estamos preocupados por la situación en el país. A un año del dictamen y una serie de estados de emergencia, no vemos mejoras sustantivas en materia de seguridad pública o el combate contra el crimen organizado. Además, los casos de desapariciones forzadas también son alarmantes y eso deja varias consecuencias para el Estado", dijo Pappier en Radio Pichincha.

Tasa más alta de homicidios

Por otro lado, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que las muertes violentas se redujeron en un 18 %. Es decir, en 2024 se registraron 7 mil muertes, una disminución, que para ella, es sustancial frente a 2023, el año más violento en el país. Ante eso, Pappier indicó que sí hubo una baja en las muertes violentas, pero Ecuador mantiene la segunda tasa más alta de homicidios en su historia y la más alta del sur y centro de América.

También prevé un cierre del 2025 con 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes. De la misma manera, relató que hay ocho desapariciones forzadas, sin contar la de los niños de Las Malvinas, 15 ejecuciones extrajudiciales y más de 80 casos de tortura. Para el representante de la entidad, es necesario que el Gobierno Nacional revise la decisión y tome otras medidas que entreguen "seguridad" a los ciudadanos.

"Ejercicio sin control"

Pappier señaló que el caso de Las Malvinas es una muestra de la "grave violación de derechos en el país".  Aludió que ciertos miembros "abusivos" de las fuerzas de seguridad sienten el "apoyo incondicional del gobierno" y consideran que pueden actuar sin someterse a las consecuencias de sus actos. Asimismo, enfatizó que en diálogos con fiscales alegaron desconocer, en la práctica, al plan Fénix. Insinuó que esa planificación respondería más a una cuestión de márquetin político que a una "verdadera estrategia de seguridad".

"Si las personas más importantes para combatir el crimen no saben qué es el plan, peor los ecuatorianos. Además, solo estará poniéndolos en riesgo. Por ejemplo, unos niños que fueron a jugar fútbol, terminaron muertos y sus familiares no supieron nada de ellos por más de un mes", reprochó el subdirector de HRW.

Alternativas

Para Pappier, la militarización de las calles y los centros penitenciarios no es la solución a la grave crisis de inseguridad de Ecuador. Apuntó que el proceso debería empezar por mejorar el sistema judicial, las fiscalías, devolver el Ministerio de Justicia y activar mecanismos en contra del lavado de dinero y la corrupción. El delegado envió una carta al presidente en la que detalló que la declaratoria de conflicto no cumple con los requisitos que fija el derecho internacional. No obstante, nunca recibió una respuesta "formal y sustantiva".

"Lo que sí recibimos fueron las declaraciones desafortunadas de un funcionario que inventó una teoría conspirativa y dijo que queríamos que el crimen organizado aumentara. Son discursos recurrentes en esta administración. Esa intolerancia para mantener una conversación madura y seria no es digna de una candidatura apegada a la democracia", recriminó Pappier.

Realidad en las cárceles

El subsecretario de la entidad insistió en que la situación en los reclusorios es alarmante. La idea del primer mandatario es crear dos nuevas megacárceles. Sin embargo, el delegado alegó que no es una opción viable en Ecuador, pues en esos centros es más probable "perder el control de los presos y menor capacidad de individualización". Por el contrario, se convierte en un mecanismo que fortalece el crimen organizado.

Resaltó que el expresidente Lenín Moreno actuó de manera errada al eliminar el Ministerio de Justicia. Ahora, existe un cuerpo carcelario enorme, pero con poca capacidad administrativa para gestionar y tomar políticas públicas. Aunque activaron al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), los centros se convirtieron en "las universidades del delito" y sirven para el reclutamiento.

"Hay personas por delitos graves, que no fueron condenadas o deberían estar en libertad en un mismo espacio. Ellos son reclutados por el crimen por falta de bienes y servicios de las cárceles. Es decir, como no hay un colchón, medicamentos o comida, quien les dota de eso son las bandas criminales", subrayó el subdirector del Comité.

Para evitar que el escenario prospere, Pappier enlistó las siguientes alternativas:

• Reforma carcelaria urgente.
• Mejor sistema penitenciario.
• Restablecimiento del Ministerio de Justicia.
• Limpiar el SNAI y detectar servidores corruptos.
• Reconstrucción de cárceles que no tienen infraestructura.

Pappier mencionó que hay denuncias de torturas y desacatos a las decisiones judiciales en los centros carcelarios. Hay servidores militares que no llevan a los detenidos a las audiencias porque supuestamente desconocen su paradero. Además, desde 2022, al menos 15 fiscales que investigaban al narco fueron asesinados.

"Cómo continúan con las indagaciones si son amenazados o asesinados. Lo mismo pasa con las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, que, técnicamente, amedrentó a la jueza. Estaremos vigilantes a ese proceso también", finalizó Pappier.

(I)