Expertos en Derecho advierten: el hábeas corpus en el caso de los niños desaparecidos es simbólico y político

A punto de cumplirse ya 20 días de la desaparición de cuatro menores de edad en las Malvinas, en el sur de Guayaquil, aún no hay respuestas claras. Entre declaraciones contradictorias de las autoridades del Bloque de Seguridad, de los militares implicados y en medio de la conmoción de todo un país, aún se intenta dar con el paradero de Ismael, Steven, Saúl y Josué.

Ahora, el caso se desarrolla como desaparición forzada con responsabilidad del Estado, esto gracias a que la jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus que interpusieron los familiares de los niños, con el acompañamiento del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil (CDH).

En ese sentido, Abraham Aguirre, abogado del CDH, explica que se solicitó un hábeas corpus instructivo, modalidad que se usa cuando no se puede ubicar a una persona desaparecida o detenida. Sería aplicable a este caso al no saber del paradero de los cuatro menores y considerando que como niños son parte de grupos de atención prioritaria.  "Entonces la obligatoriedad del Estado debe ser más amplia e inmediata en la ubicación de las personas que están desaparecidas", dice Aguirre a este diario.

Además el experto resalta que con este recurso se reconoce la vulneración a un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad e integridad personal. De esta forma, al aceptarse por la jueza, hay una obligatoriedad de acción por parte de las instituciones, especialmente de las Fuerzas Armadas.

En Ecuador existe 8 tipos de hábeas corpus ¿Qué implica su uso para los niños desaparecidos?

Según la explicación del abogado penalista Damián Morejón, este recurso legal se considera una garantía jurisdiccional y constitucional que está regulado tanto en la Constitución de la República del Ecuador, como en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En esta normativa se explica los tipos de hábeas corpus, de forma descriptiva, pero no enlistados ni con los nombres específicos, así como la Corte Constitucional estipuló. Esto ocurre tras una sentencia de dicho organismo, la 253-20-JH-22, que establece la existencia de varios tipos de hábeas corpus.

Como garantía constitucional, si una persona está privada de libertad, se dispone traerle de vuelta y dejarla libre hasta que se pueda defender en un nuevo proceso. "O a su vez, en este caso, cuando es un habeas corpus instructivo, lo que sucede es que la policía y el Estado tienen la obligación de generar garantías arduas de búsqueda, es decir, tiene que comprometerse con tiempos para determinar la devolución de los menores", detalla el legalista.

" Aquí hay pruebas fidedignas que los militares que retuvieron a los menores fueron los que se los llevaron. Entonces, al ser los últimos que tuvieron información, ellos tienen la obligación de entregarlos", Damián Morejón, abogado penalista. 

Una explicación similar la ofrece Viviana Santander, abogada de Derechos Humanos, quien también se remite a la sentencia de la Corte Constitucional en la que se detalla todos los tipos de hábeas corpus que se puede aplicar en los procesos legales. El precedente para esta decisión fue el caso de la Mona Estrellita.

Así como Morejón, Santander recuerda que hábeas corpus significa traer o mostrar el cuerpo, de esta forma se busca asegurar "que al menos se cumpla el derecho a la vida", dice la abogada.  Añade que no se busca únicamente garantizar su  libertad de la persona, ubicación e integridad  sino también asegurar que esté con vida.

"Esta detención es ilegal y arbitraria porque ellos no estaban haciendo nada para ser detenidos, es arbitraria por las condiciones en las que se da la detención y también es ilegítima porque un agente de Fuerzas Armadas no tiene la competencia legal para detener", Viviana Santander.

Un recurso simbólico en un caso político

Por otro lado Morejón cataloga el uso del habeas corpus instructivo como simbólico, ya que las acciones que llevan en marcha las instituciones estatales para ubicar a los cuatro menores, no precisamente son "operables".  Por la misma razón compara por qué este tipo de garantías no se aplican en otros casos de desaparición.

"Este es un caso totalmente político. Al ser un caso político siempre genera un poco de conmoción, lo que implica que las autoridades realicen actividades legales que, si bien están contempladas en la ley, no siempre son operables", manifiesta el experto legalista.

Añade que por tanto, el hábeas corpus es simbólico porque "muy probablemente no exista el sujeto que devuelva a los menores, es una desaparición". Ejemplificando, no se trata de un privado de libertad a quien se le están vulnerando los derechos y que en calidad de detenido, se lo puede ubicar.

Sobre las medidas urgentes de la ONU

En cuanto a las exigencias de la ONU hacia el Estado ecuatoriano, Santander explica que como nuestro país se adhirió a la Convención sobre Desapariciones Forzadas, el comité encargado de esto solicitó que se adopte las medias urgentes lo más pronto posible para encontrar a los niños desaparecidos.

Esto se hace siempre que hay una presunción de una desaparición forzada, mediante la solicitud expresa de los familiares o de las víctimas o de cualquier interesado en la causa, quienes pueden solicitar este recurso.

Santander agrega que en los casos de desaparición forzada, al ser en manos de agentes estatales y tener tal poder, es más probable que se vulneren los derechos de las personas. "Si un militar no tuviera todo el poder que lleva el Estado ecuatoriano, muy probablemente no podría desaparecer, o si lo hace, pero no tendría la misma carga que tendría que desaparezca un militar" resalta la abogada.

Por tanto, las medidas se aplican para precautelar la vida, la dignidad e integridad de las personas desaparecidas forzosamente. La experta aclara que, aunque la ONU no puede obligar al Estado, al menos queda un precedente, "queda un peso internacional bastante grande y vergonzoso", opina Santander.

 

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Los adolescentes estuvieron en custodia de 16 militares, a quienes se procesará en el caso Malvinas por la Fiscalía General del Estado, desde la noche del 8 de diciembre anterior. Desde entonces no se sabe qué les ocurrió, porque como ya aceptó el Ministerio de Defensa, los uniformados no cumplieron con los protocolos establecidos para la retención de menores de edad.

Ahora, también está pendiente la identificación de cuatro cuerpos en la morgue de Guayaquil, hallados en el río Taura, restos que aparentemente intentaron destruir mediante incineración.

(I)