"El 60 % de los integrantes de las bandas delictivas son niñas, niños o adolescentes", alerta especialista en seguridad

Los niveles de inseguridad en el país escalaron considerablemente. Según una data presentada por la periodista Mónica Velásquez, enero se categorizó como el mes más violento de los últimos 15 años. En ese periodo se registraron más de 600 muertes violentas. Para la especialista en temas de seguridad, Katherine Herrera, ese comportamiento se debe a la falta de políticas públicas en temas estructurales.

"En los últimos años, los políticos de turno se acostumbraron a implementar directrices de acuerdo a eventos coyunturales y no atacan de manera directa el conflicto", dijo Herrera en entrevista digital con Primera Plana, el 28 de enero de 2025.

Otro problema que enfrenta el país es la cantidad de niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos de delincuencia organizada (GDO). De acuerdo a las declaraciones de la experta, el 60 % de los miembros de estas bandas pertenecen a ese grupo etario. Detalló que ese es el resultado de una "violencia estructural" y de la nula presencia del Estado en determinados territorios.

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Enfatizó que los problemas de inseguridad en el país no cesarán con innumerables estados de excepción, ni operativos parciales. Aludió que las autoridades basan las "soluciones" en los resultados de los operativos o los objetos incautados. Sin embargo, a mayor presencia de las fuerzas armadas, más rutas de escape o expansión ubican los grupos delictivos.

"No hay una intervención inteligente que cubra las necesidades de las poblaciones, como educación, salud o planificación. Además, muchos de los fallecidos son víctimas colaterales en los enfrentamientos o de las disputas territoriales en diferentes provincias", especificó Herrera.

Sentido de pertenencia

La especialista comentó que, lamentablemente, los GDO invierten en las zonas necesitadas de Ecuador porque así pueden expandir su territorio y financiar sus negocios ilícitos. De la misma manera, explicó tres puntos en los que el Gobierno Nacional debería enfocarse para "mitigar" el problema. Primero, la prevención inteligente a través de un trabajo estructural con todas las instituciones públicas y no solo las fuerzas del orden.

Segundo, una investigación para identificar a los reclutadores, financistas y otros actores de las redes. Finalmente, una gobernanza de seguridad que ayude a identificar el problema, cómo afecta a los implicados y las acciones que deberían tomar.

"Los menores, lo que quieren escuchar es un sentido de pertenencia. No se adhieren por considerarse imputables o por el dinero. Refiere más al hecho de pertenecer a algún espacio. Eso no se soluciona con partidos de fútbol o ferias de libro; esas son alternativas efímeras", aseveró Herrera.

También comentó que parte del problema es la escasa política de rehabilitación social en el sistema carcelario. Indicó que los líderes de las bandas ven a los reclusorios como una "oportunidad" para sumar militantes. Relató que los grupos que poseen armamento mantendrían nexos con estructuras transnacionales, capacidad de financiamiento de otros equipos y se catalogan estructuras criminales dentro de una comunidad internacional.

Desglosó que la delincuencia organizada se apropia de cada uno de los estamentos del sistema nacional. Es decir, se alinean a funcionarios de primera línea para conocer los operativos, horarios, entre otros. En los centros de reclusión, compran a los guías penitenciarios y a quienes estén en las cárceles. Lo mismo ocurre con las instituciones públicas como fiscalías, jueces, Aduana, migración, gobiernos municipales y prefecturas.

"Posterior a eso, lo que quieren los GDO es pasar desapercibidos; para eso, toman a entidades o empresas privadas donde pueden ingresar su dinero y constituirlo como legal", puntualizó la experta.

(I)

N.J.C