"Cinco décadas de esclavitud moderna": al menos 358 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de Furukawa

Luego de cinco décadas de "esclavitud moderna", la Corte Constitucional (CC) determinó que Furukawa esclavizó a 341 personas, la mayoría afrodescendientes y ciudadanos en pobreza y extrema pobreza, por más de cinco décadas. Como parte del dictamen, la entidad deberá desembolsar USD 41 millones a adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Además de una reparación adicional a quienes sufrieron mutilaciones y ofrecer disculpas públicas por ejercer una práctica de explotación.

A su vez, el presidente Daniel Noboa deberá reconocer la responsabilidad estatal y la Asamblea Nacional tiene que reformar la normativa para evitar la esclavitud moderna. También se elaborará un documental que recopile el escenario al que estaban sometidos los trabajadores.

Los empleados habitaban en campamentos dentro de las haciendas sin luz, agua, educación, salud, ni instalaciones sanitarias básicas. De la misma manera, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Compañías deben elaborar un registro de empresas que tienen una alta probabilidad de que estas prácticas se repitan.

"Las compensaciones -en absoluto- se compadecen de la vida de las personas y los tratos indignos que padecieron. Es algo simbólico que sirve para que emprendan un nuevo proyecto de vida y salgan del círculo de pobreza al que se sometieron", resaltó Alejandra Zambrano, abogada de los abacaleros, en Ecuavisa.

Zambrano detalló que hay dos procesos en marcha. Uno, constitucional, que establece la violación a los derechos humanos por parte de la empresa y el Estado ecuatoriano  y fija las reparaciones para las víctimas. Otro es el penal. Este busca sanciones para los responsables bajo el argumento de trata de personas con fines de explotación laboral.

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Más de mil víctimas

La abogada mencionó que, en primera instancia, asistieron 123 personas. Luego, en una segunda demanda patrocinada por la Defensoría del Pueblo, se presentaron 215 afectados más. Además, un listado -de abril de 2019- de la Secretaría de la Gestión de la Política detalló 1244 víctimas. De ese número, 358 eran niñas, niños y adolescentes.

"Hay otras personas que pueden ser identificables y pueden pedir justicia en el caso. Todo eso debe servir como un parámetro para ser observado. Es la oportunidad para marcar un antes y un después para los trabajadores en el agro", refirió Zambrano.

La parte defensora aclaró que hay un pequeño grupo de 20 o 30 trabajadores que se mantiene en las haciendas, es un sector que se ha autodenominado en "resistencia". La instancia legal les otorgó medidas cautelares para vivir allí, pese a que los campamentos no cuentan con las medidas mínimas de hábitat.

Indicó que el resto fue desplazado de las zonas cuando el caso se hizo público en 2019. Alertó que la estrategia de la empresa fue "derrocar" los refugios para que las personas salieran y se destruyera la evidencia.

Las reparaciones

Furukawa deberá entregar USD 120 mil como base, más montos adicionales a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, y amputados en un periodo de tres meses. Para que la orden se cumpla, la empresa no podrá vender sus haciendas ubicadas en Los Ríos, Santo Domingo y Esmeraldas.

Tampoco podrá liquidar sus acciones y la Superintendencia de Compañías deberá intervenir para que el proceso se cumpla. Ante un riesgo de pérdida de la entidad, la CC otorgó la posibilidad de que las partes implicadas lleguen a acuerdos de pagos. Es decir, pueden recibir las indemnizaciones en dinero o pueden canjearlas por tierras.

"La compañía es propietaria de 2300 hectáreas repartidas en las tres provincias. La Corte estableció que pueden cambiar por tierras por ser campesinos y evidenciar un fuerte arraigo en el lugar", dijo la abogada.

Defensa de Furukawa

Para la empresa, las medidas que dictó la CC servirían como enriquecimiento. Sin embargo, Zambrano repitió que el único beneficiado de "explotar por décadas a sus trabajadores" fue Furukawa. Además, señaló que para el 2018, la entidad reportó USD 700 mil por utilidades. Asimismo, comentó que la institución nunca desmintió las "condiciones indignas" de los trabajadores. Por el contrario, su argumento se basó en negar la responsabilidad y desconocer lo que ocurría en las haciendas.

"Es una sentencia histórica. Más allá de las compensaciones económicas, es la primera vez que la Corte reconoce que en Ecuador existió una práctica análoga a la esclavitud", apuntó la jurista.

(I)