Las redes del crimen organizado se tejen en casos de femicidios en el país: 88 muertes se relacionan con el sistema criminal, según ONU Mujeres 

Las movilizaciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Ecuador se cubrieron de consignas de equidad, igualdad de condiciones, atención a las víctimas y claridad en las cifras de femicidios. Según el Gobierno Nacional, hasta septiembre de 2024 se registraron solo 59 femicidios. Sin embargo, la Fundación Aldea detalló 215 muertes violentas por razones de género entre el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2024.

• De enero a septiembre de 2024 se registraron 59 femicidios, según ministra de la Mujer, Arianna Tanca

La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, indicó que la variedad en los datos se debe a una "divergencia" en la calificación del delito por las organizaciones civiles y el Estado ecuatoriano. Señaló que un atentado puede calificarse por sus características, en primera instancia, como un femicidio, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) lo recalifica y si no cumple con los "requisitos" de esa categoría lo determina como un delito común.

"Existe una evidente diferencia, pero ambos nos dejan en firme y claro que las cifras de violencia contra la mujer son graves y preocupantes", resaltó Badilla en Teleamazonas.

El tejido del crimen organizado

De acuerdo con la investigación de ONU Mujeres, las acciones del crimen organizado se entrelazan con los atentados contra las mujeres en el país. El informe indica que, al menos, 88 femicidios se relacionan con sistemas criminales. La primera advertencia de estas relaciones la hizo el Consejo de la Judicatura (CJ) en 2023. La institución informó que cerca del 50 % de los femicidios están vinculados con las bandas delincuenciales.

Badilla mencionó que esto se debe a que el femicida es miembro de una organización criminal o porque la víctima fue asesinada en el marco de una rencilla o venganza. Reprochó que si el 95 % de femicidios quedan impunes en el país, el vínculo de estos delitos con los grupos criminales complejiza la investigación.

La misma indagación evidencia que las mujeres menores a 35 años son propensas a sufrir este tipo de abusos. El panorama empeora cuando las víctimas no solo sufren violencia física y psicológica antes de ser asesinadas, sino que presentan agresiones sexuales. Badilla comentó que el crimen organizado entrega dinero a las familias de bajos recursos a cambio de llevarse a sus hijas (de entre 14 y 15 años) o mujeres jóvenes por un fin de semana.

"En esos casos se debería procesar a la familia. Las pésimas condiciones sociales y económicas hacen que tomar ese dinero sea fácil. Hay una especie de esclavitud o alquiler sexual", refirió Badilla.

"Falta un trabajo integrado"

Ante ese problema, la titular de ONU Mujeres llamó a los ministerios del Interior y de la Mujer, la Policía Nacional, Fiscalía y ECU 911 a trabajar de manera integrada para apoyar a las víctimas. Insistió que el registro único de violencia debe priorizarse para que todas las instituciones tengan información actualizada de los casos de agresiones. Además, explicó que, si bien las familias de las víctimas reciben un bono, los procesos administrativos complejizan la adquisición del mismo.

"La ley otorga el bono a los menores, a los hijos de las mujeres asesinadas, pero se requiere una atención integral, social y psicológica. Además, en la medida en que estas muertes no se califiquen como femicidios, el número de personas que reciben el apoyo va a disminuir", concluyó Badilla.

(I)