La justificación del Gobierno de Noboa para aplicar otro estado de excepción en diez provincias

Desde la noche del 4 de octubre de 2025 rige un nuevo estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, en el marco del paro nacional convocado por organizaciones indígenas y sociales contra el alza del precio del diésel.

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La medida es por 60 días y suspende el derecho a la libertad de reunión las 24 horas en esas provincias, es decir, no se permitirán concentraciones formales en espacios públicos en ningún horario.

Con el decreto ejecutivo 174 se suma otro de los estados de excepción ya vigentes en Carchi e Imbabura, que se aplican desde el 16 de septiembre, el decreto 134.

Según el presidente, Daniel Noboa, la medida se toma por la causal de “grave conmoción interna”. Alega que en esas diez provincias hay paralizaciones, bloqueos o actos violentos que perturban el orden público y ponen en riesgo derechos fundamentales como la circulación, la libertad, el trabajo y la seguridad.

En el documento se señala que se busca evitar una mayor radicalización de las protestas y ampliar la protección del Estado ante la escalada de hechos que afectan “la seguridad de los ciudadanos y sus derechos”. No se prohíbe la protesta pacífica.

(I)