UNE exige declarar emergencia educativa por extorsiones
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Así exige la UNE protección para los profesores amenazados por bandas criminales en Guayas

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Al menos 200 educadores reportaron a su gremio amenazas directas. Algunos han sido secuestrados, otros optan por renunciar para proteger sus vidas.

Dirigentes del magisterio expusieron públicamente la situación crítica que enfrentan los docentes. Foto: Ronald Cedeño.
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La Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas solicitó el miércoles 11 de junio de 2025 al Gobierno declarar emergencia en el sistema educativo ante el aumento de extorsiones a docentes y escuelas. Los hechos afectan principalmente a Guayaquil y Durán, considerados los sectores más violentos del país.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, afirmó en rueda de prensa que exigen medidas que garanticen la seguridad de estudiantes y profesores. “Nos sentimos abandonados y desprotegidos; con miedo no se puede trabajar”, expresó.

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Extorsiones aumentan en los centros educativos

Según Menéndez, alrededor de 200 maestros han denunciado al gremio que enfrentan extorsiones por parte de bandas criminales. Además de Guayaquil y Durán, los ataques también ocurren en Daule y Santa Lucía. Algunos docentes han sido secuestrados. La dirigente denunció que, tras reportar estas situaciones, los profesores solo reciben una semana de clases virtuales para luego regresar a las mismas instituciones donde fueron amenazados, sin garantías para su vida.

¿Cuánto piden los delincuentes?

Los extorsionadores exigen entre 200 y 500 dólares mensuales a los docentes, quienes buscan protegerse saliendo en grupos o compartiendo taxis. Cabe mencionar que las rondas policiales en las escuelas desaparecieron y el botón de pánico ya no funciona.

En el último mes, unos 100 maestros en Guayas renunciaron para salvar sus vidas, según la dirigente. En su mensaje al presidente Daniel Noboa, Menéndez reiteró el sentimiento de abandono del Estado y del Ministerio de Educación por no implementar medidas de seguridad reales.

Ante la falta de protección, los instructores crearon “casas de seguridad”, líneas telefónicas confidenciales y redes de acompañamiento psicológico. Pese a estas iniciativas, el sindicato pidió que las autoridades investiguen los crímenes. “No podemos normalizar la violencia. La vida y la seguridad son derechos humanos” finalizó.

(I)

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