En Ecuador ya no se puede defender derechos: lo que denuncia organización internacional

La organización Front Line Defenders (FLD) se mantiene en alerta ante el deterioro del espacio para defender derechos humanos y naturaleza en Ecuador durante el gobierno de Daniel Noboa.

Este 22 de agosto de 2025, el ente emitió un comunicado en el que denuncia que una serie de reformas institucionales y leyes aprobadas en 2025 están erosionando los espacios civiles. También criminalizan a defensores y debilitan las instituciones clave que deberían proteger derechos y ecosistemas.

#Ecuador

📢 @FrontLineHRD expresa su preocupación por el deterioro de las condiciones de defensa de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador por la serie de medidas legislativas e institucionales promovidas por el Gobierno nacional.

🔗Lea más: https://t.co/xv7qhvmkoA pic.twitter.com/ehhSnomE0r

— FLD Américas (@FLDAmericas) August 22, 2025

• Nueva fecha para la Ley de Integridad: Corte Constitucional posterga audiencia y rechaza solicitud de Noboa

Disolución de ministerios clave:

• Con el Decreto Ejecutivo 60, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos quedó reducido a una subsecretaría dentro del Ministerio de Gobierno.

• El Ministerio de Ambiente pasó a depender del de Energía y Minas, lo que generaría un vínculo alarmante entre regulación ambiental y extractivismo. FLD considera que esto elimina la supervisión independiente del sector extractivo.

Legislaciones urgentes que amenazan defensores:

• La llamada "Ley de Transparencia Social" (antes “ley de control de capitales irregulares") podría vincular a ONGs, fundaciones y organizaciones comunitarias con actividades ilegales o terroristas, solo por recibir fondos extranjeros, denuncian varias organizaciones.

• MIentras que la "Ley de Solidaridad", en vigor desde junio de 2025, permite clasificar a grupos de autodefensa como "organizaciones armadas", lo que desdibuja la línea con comunidades indígenas o campesinas que defienden su territorio (“derecho a la resistencia”, artículo 98).

• Por su parte, la “Ley de Inteligencia” abre la puerta a interceptaciones sin orden judicial, lo que afecta la privacidad, libertad de expresión y debido proceso.

Todas estas leyes fueron presentadas como “proyectos económicos urgentes”, lo que oblig a una tramitación "exprés" en la Asamblea (máximo 30 días), sin debate amplio ni participación ciudadana, manifiesta Front Line.

Aumento de la criminalización de defensores ambientales:

• Desde 2021, al menos 29 personas defensoras en las provincias de Bolívar y Los Ríos enfrentan procesos penales ligados al proyecto minero Curipamba-El Domo. Trece ya fueron condenadas; por ejemplo, un adulto mayor estuvo preso por 70 días entre octubre y diciembre de 2024.

• En febrero de 2025, tres líderes comunitarios fueron sentenciados a cuatro años de cárcel y multas por presunta violación de propiedad privada en un juicio con irregularidades y falta de transparencia.

De acuerdo con otras organizaciones de Derechos, discurso oficial estigmatiza a defensores calificados como “antipatrias” o vinculados a movimientos violentos. Mientras tanto, el país sufre de un debilitado sistema de justicia, en medio de una crisis de seguridad, por la presencia del crimen organizado.

(I)