Tras el escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), por las detenciones suscitadas el pasado 30 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició el proceso penal contra diez involucrados, entre ellos el director ejecutivo de la entidad.
Pedro abril, quien ejercía como líder de la institución, fue detenido durante un operativo, y es procesado por el delito de delincuencia organizada.
Las intervenciones se ejecutaron en simultáneo, en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Luego de las acciones de la Fiscalía, las autoridades aprehendieron a diez funcionarios de la ANT y, tras el dictamen de un juez, ordenaron prisión preventiva para nueve de ellos. Mientras que, para Emma A, se dispuso medidas sustitutivas, entre ellas presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
Durante los 23 allanamientos realizados, las autoridades incautaron documentos, dispositivos electrónicos, teléfonos, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y cientos de licencias.
¿Qué sucederá con las funciones de la entidad?
Las autoridades intervinieron la ANT tras una denuncia que alertó sobre un grupo de personas, en su mayoría funcionarios de la institución, que presuntamente cobraban entre $ 150 y $ 250 por trámite para entregar licencias, matrículas o permisos de operación, sin que los usuarios deban obtener turnos.
Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de delincuencia organizada con una pena de hasta diez años de prisión.
Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), suspendió alrededor de 15 trámites previstos, entre ellas la revisión técnica vehicular y la matriculación en los CRTV.
Asimismo, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), informó que se suspendió las sanciones para los conductores que tengan su licencia caducada.
Estas medidas fueron adoptadas por la crisis institucional que atraviesa la ANT, y estarán vigentes durante la suspensión temporal de sus funciones.
(I)