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Ecuador

La Conaie rechaza el aplazamiento pedido por la Presidencia: exigen esclarecer las muertes de los comuneros

El caso genera atención porque podría obligar al Estado a revelar información inédita sobre la actuación policial y militar en los operativos de Cotacachi y Otavalo.

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La Presidencia de la República pidió aplazar la audiencia prevista para el lunes, 1 de diciembre de 2025, programada en la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, en Quito. Ese acto forma parte de la acción de acceso a la información pública presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que busca obtener documentos sobre los operativos ejecutados en Cotacachi y Otavalo. En esos hechos murieron los comuneros Luis Efraín Fuérez y José Alberto Guamán, en el marco del paro nacional.

La solicitud del Ejecutivo señala que el caso requiere una revisión técnica y jurídica coordinada por varias instituciones del Estado. Según el escrito enviado por el secretario general jurídico, Enrique Herrería, el Gobierno necesita más tiempo para reunir material, unificar criterios y preparar su defensa. Carondelet también pidió que la nueva fecha, una vez definida, se realice por vía telemática.

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La Conaie rechazó la propuesta y exigió mantener el cronograma inicial. La representante legal de la organización, María Ercilia Castañeda Velásquez, afirmó que el diferimiento afecta el carácter urgente, ágil y sumario de estas garantías. La dirigencia indígena recordó que instituciones como la Presidencia y el Ministerio de Defensa cuentan con equipos jurídicos permanentes capaces de responder sin ampliaciones de plazo.

Lo que pide la Conaie en su acción de acceso a la información

  • La Confederación citó precedentes de la Corte Constitucional (CC) que alertan sobre los riesgos de extender procesos de acceso a información pública.
  • Señaló que los retrasos afectan a las víctimas y reducen la eficacia del derecho a obtener datos estatales.
  • Recordó que el Estado debía entregar detalles precisos sobre los operativos en los que murieron dos comuneros durante el paro indígena.

Documentos que exige la acción presentada

  • Datos sobre el personal policial y militar que intervino en los operativos.
  • Información sobre la cadena de mando y las órdenes impartidas ese día.
  • Informes, anexos y registros elaborados para el control de las manifestaciones.
  • Inventarios de armas, municiones y equipos utilizados por las fuerzas de seguridad.

El equipo jurídico de la Conaie pidió habilitar un enlace de Zoom para permitir la participación ciudadana como amicus curiae (amigo de la corte). La organización indígena también solicitó transmitir la audiencia mediante los canales oficiales del Consejo de la Judicatura. Para la Confederación, estas medidas garantizan transparencia en un caso de interés nacional por su impacto institucional y comunitario.

El juez de Quitumbe debe decidir si acoge el pedido de diferimiento solicitado por la Presidencia o mantiene la audiencia del 1 de diciembre. El proceso genera atención porque podría obligar al Estado a revelar información inédita sobre la actuación policial y militar en Cotacachi y Otavalo. La resolución definirá el alcance del derecho a la información en un asunto sensible para las comunidades afectadas.

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