Ecuador
Esto sucedió con los detenidos en manifestaciones contra Noboa: postura del Gobierno y denuncias de organizaciones de derechos humanos
Los detenidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas, según la siguiente denuncia.
El 21 de noviembre de 2024, Quito vivió una jornada de protestas que dejó 10 detenidos y cuatro policías heridos, según la Policía Nacional. Entre ellos se encontraban dos defensores de derechos humanos, tres menores de edad y otros manifestantes, según denunció la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Desarrollo de la detención
De acuerdo con Verónica Yuquilema, presidenta de Inredh, dos de sus compañeros, Miguel Ángel Pérez y Jafet Guzmán, fueron arrestados sin ninguna justificación. Ellos realizaban veedurías de derechos humanos en la protesta y portaban identificaciones (cascos azules) que acreditaban su labor.
Tras la detención, fueron trasladados al Distrito de Policía Manuela Sáenz, donde, según la organización, sufrieron incomunicación, maltratos físicos y psicológicos. Además de la revisión arbitraria de sus celulares, los detenidos fueron sometidos a exámenes médicos legales en el Centro de Salud No. 1. Ahí solo se permitió el ingreso de la madre de un menor, sin acceso para abogados. #AHORA 🔴Están finalizando los exámenes médicos legales. Salieron 2 detenidos, los subieron al bus y, según los policías, los llevan a la Unidad de Flagrancia de la Av. Patria
En los exteriores hay familiares preguntando. Dejaron ingresar a una madre de un menor de edad detenido pic.twitter.com/l6PhYWgrhi
— INREDH (@inredh1) November 22, 2024 Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia. A las 23:00, los dos defensores de Inredh y tres menores de edad fueron liberados sin que se les formularán cargos. Ninguno recibió documentación que justificara su arresto, lo que, según la ONG, evidencia la irregularidad del procedimiento.
Las otras personas detenidas, cuyos nombres responde a: Juan T., Sajamir C.,Valeria D., Nicole T., Alex L., Jhon S. y Oscar J., continuaron retenidas. "Su detención hasta la media noche del jueves no se encontraba formalizada", informó Inredh.
Aquí está el chico del Mejía, menor de edad; junto a él está Miguel Pérez, de @inredh1, que intentó defenderlo, y junto a él está Jasef Guzmán, también de @inredh1, que intentó defender a Miguel. Luego a los tres los llevaron al ex SIC en donde los golpearon y gasearon https://t.co/hX94Xx9RUC
— Luis Ángel Saavedra (@Negritajustici2) November 22, 2024 Según Yuquilema, el 15 de noviembre también se reportaron detenciones arbitrarias, algunas acompañadas de actos de tortura. Estos hechos, combinados con el despliegue de entre 1.400 y 2.000 agentes en las protestas recientes, reflejan para la defensora de derechos un operativo policial desmedido.
Yuquilema enfatizó que la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que rige en estos contextos no puede servir como respaldo para los abusos cometidos.
“La aplicación del uso progresivo de la fuerza debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, no convertirse en un pretexto para reprimir de manera violenta”, subrayó.
Inredh se comprometió a denunciar estos abusos tanto a nivel nacional como internacional, buscando justicia para las víctimas.
Por otro lado, el Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, afirmó haber identificado la participación de exfuncionarios del correísmo. Entre ellos figuran Cristian González, asesor de Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional; Nicole Tibanlongo, secretaria de la Comisión de Seguridad; y Jorge Mendoza, exgobernador de Imbabura.
Según el comunicado oficial, estas personas podrían haber tenido intenciones ajenas a las manifestaciones legítimas, por lo que se realizarán investigaciones para esclarecer su accionar.
En el caso de Nicole Tibanlongo, señalada por la Policía de haber agredido a una uniformada, se llevó a cabo una audiencia de flagrancia el pasado viernes 22 de noviembre. El juez dictó medidas cautelares que prohíben su salida del país y le exigen presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
A pesar de las acusaciones, Tibanlongo negó su participación en los hechos y fue liberada inmediatamente.
Ante esto, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, presidida por la oficialista Inés Alarcón, emitió un comunicado tras los hechos relacionados con la funcionaria. En el documento, se señala que la trabajadora cumplió su horario laboral hasta las 17:30 en el Palacio Legislativo y que las acciones difundidas por un medio son de su exclusiva responsabilidad, sin relación con la Presidencia de la comisión.
En el comunicado solicitó que se realicen las investigaciones necesarias y se aplique la ley. Finalmente, pidió a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, que tome medidas administrativas internas.
⭕️ Comunicado a la ciudadanía respecto a un video que circula en redes sociales ⤵️ pic.twitter.com/YsfbWoQotV
— SeguridadAN (@SeguridadAN) November 22, 2024 Por su parte, la Comisión Interamericana de DDHH (Cidh) instó al Estado ecuatoriano, previo al desarrollo de la movilización, a garantizar el respeto de los derechos humanos y el desarrollo pacífico de las manifestaciones.
#Ecuador: La #CIDH y su @RELE_CIDH están monitoreando las protestas en Quito. Recuerdan al Estado su deber de observar los estándares interamericanos en materia de protesta y #derechoshumanos, y de garantizar la apertura de canales de diálogo. Asimismo, hacen un llamado al…
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 22, 2024
Postura de organismos de derechos humanos
Postura del Gobierno: Detenciones vinculadas a sectores políticos
Juicio contra Nicole Tibanlongo
Postura de organismos internacionales
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