Los denunciantes afirmaron que la conducta de la asambleísta Paola Cabezas durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del 9 de septiembre afectó el prestigio de la institución y alteró la convivencia pacífica, creando un ambiente de violencia e insultos con la intención de provocar incidentes de forma agresiva y ofensiva.
Como pruebas, presentaron videos y publicaciones de la red social X.
La denuncia de Alarcón señala que los actos violentos de la legisladora imputada constituyen una infracción administrativa grave según lo establecido en el artículo 170, numeral 1.
Además, debido a los hechos violentos, también se le atribuye una infracción muy grave conforme al numeral 3 del artículo 171, lo que podría derivar en una sanción de suspensión sin sueldo por un período de 30 a 90 días.
A pesar de las pruebas presentadas, en la sesión del CAL realizada la noche del 22 de septiembre, se decidió archivar la queja.
(I)