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Ecuador

Descubre por qué se archivó la queja presentada por legisladores de ADN contra la asambleísta Paola Cabezas

En el expediente se adjuntaron pruebas de la red social X, donde se observa a la imputada gritando y golpeando las mesas de manera efusiva.

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Los representantes de las bancadas socialcristiana y correísta en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazaron la solicitud del bloque oficialista ADN de suspender sin sueldo y por un plazo de 90 días a la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Paola Cabezas, debido a incidentes de violencia y agresiones verbales ocurridos en la Comisión de Fiscalización.

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¿Por qué la bancada de ADN presentó una demanda contra la asambleísta?

Los asambleístas Inés Alarcón y César Umajinga, miembros de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), presentaron una queja contra Paola Cabezas por los hechos ocurridos en la Comisión de Fiscalización el 9 de septiembre durante el debate sobre una moción para archivar el juicio político a la fiscal general, Diana Salazar.

Para procesar las denuncias, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle convocó una sesión virtual del CAL el domingo 22 de septiembre a las 19:30. Sin embargo, tras una moción de unificación presentada por la correísta Esther Cuesta, no se logró el apoyo necesario.

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Votos a favor y en contra

En esa votación, Alexandra Castillo, delegada del PSC  votó en contra, mientras que Henry Kronfle y Jorge Acaiturri-Villa no participaron, al igual que Esther Cuesta, representante de RC y proponente de la moción para unificar las denuncias.

Los delegados de ADN, Eckenner Recalde y Diego Matovelle apoyaron la continuación del proceso, mientras que Viviana Veloz (RC), en su rol de primera vicepresidenta votó en contra. Como resultado, la denuncia contra Paola Cabezas no prosperó.

Comportamiento de Cabezas

Los denunciantes afirmaron que la conducta de la asambleísta Paola Cabezas durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del 9 de septiembre afectó el prestigio de la institución y alteró la convivencia pacífica, creando un ambiente de violencia e insultos con la intención de provocar incidentes de forma agresiva y ofensiva.

Como pruebas, presentaron videos y publicaciones de la red social X.

La denuncia de Alarcón señala que los actos violentos de la legisladora imputada constituyen una infracción administrativa grave según lo establecido en el artículo 170, numeral 1.

Además, debido a los hechos violentos, también se le atribuye una infracción muy grave conforme al numeral 3 del artículo 171, lo que podría derivar en una sanción de suspensión sin sueldo por un período de 30 a 90 días.

A pesar de las pruebas presentadas, en la sesión del CAL realizada la noche del 22 de septiembre, se decidió archivar la queja.

(I) 

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