"Nos preocupa que no hayan las garantías para decir la verdad"
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Ecuador

Entre negligencias, sugerencias de "callar" y alertas por guiones elaborados se lleva el caso de los menores desaparecidos, según Willy Navarrete, director de CDH 

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Los protocolos de búsqueda y localización a los niños se mantienen activos en el país, hasta que las pruebas de identificación de los cuerpos terminen.

Familiares de menores desaparecidos exigen respuestas. Foto: Oromar TV
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Son más de 15 días que los menores de Las Malvinas, en Guayaquil, llevan desaparecidos. Willy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil (CDH), acompaña a las familias de los niños durante el proceso de investigación. El representante expuso su preocupación ante las declaraciones, del 26 de diciembre, de dos de los 16 militares implicados en el caso el 26 de diciembre.

Desconfía si los argumentos son voluntarios y atribución de cada persona o, por el contrario, forman parte de un guion establecido por el Ministerio de Defensa. Señaló que desconocen si los servidores tienen la garantía de decir lo que ocurrió ese 8 de diciembre con libertad, si la defensa es voluntaria o fue asignada por la institución.

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"Desde el inicio dieron cuenta del mal tratamiento que le dio el Ministerio al caso y la evidente violación de derechos. Según ellos, los dejaron sanos y salvos, pero vulneraron todo procedimiento", dijo Navarrete en Radio Pichincha.

Navarrete explicó que la desaparición forzada es un delito, una grave violación de derechos humanos y la máxima expresión de tortura. Aludió que en el caso de que una persona sea detenida y se encuentre en custodia de la fuerza pública, esta es responsable de la integridad del apresado. Un segundo momento se desarrolla cuando la persona es aprehendida de manera arbitraria y es ejecutada o fallece; eso se convierte en parte del problema estatal.

Sin embargo, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecerá los sucesos de aquella noche y determinará la responsabilidad estatal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y, sobre todo, de los 16 agentes implicados. Para él, las acciones de la institución abren la alternativa de "encubrir o minimizar" el daño perpetrado.

"Atacan a las familias, esa conducta ya es una responsabilidad política que se desarrolló desde el inicio. Ahora, tratan de exonerar la culpa a los investigados y trasladarla a los chicos", refutó el director de CDH.

Una cadena de fallas

Los padres, de manera independiente, acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia; sin embargo, la fiscal a cargo habría incumplido con el procedimiento en este tipo de casos. Según Navarrete, la magistrada "recomendó" a los familiares no decir nada y callar. No obstante, al notar que sus hijos no regresaban a casa, decidieron hacer público el caso y acudir al CDH por ayuda.

Pese a que el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, en un primer discurso, enfatizó que las FF.AA. no tenían nada que ver, 36 horas después de presentar las denuncias, el equipo de cámaras de seguridad de Guayaquil entregó los videos registrados esa noche. Los clips confirmaban que los muchachos tuvieron contacto con los militares. Posterior a eso, el caso pasó a un fiscal de la Unidad del uso ilegítimo de la fuerza para que atienda las peticiones de los padres. Desde entonces, los representantes de los menores conocen los detalles del suceso.

Navarrete comentó que, en la audiencia de habeas corpus del 24 de diciembre, el magistrado cuestionó al representante del Ministerio de Defensa sobre quién ordenó la liberación de los menores. Sin embargo, el delegado no argumentó esa decisión y reconoció que hubo un mal procedimiento administrativo.

"No es fácil entender todo esto. Parecería ser una estrategia que habla mal de las FFAA. Pese a todas las evidencias,  pretenden desviar la atención o minimizar de mala forma el problema. Este debería ser el hecho para que las cosas cambien. Si cabe la posibilidad de un juicio político, que se haga", puntualizó el director de la entidad.

Reconocimiento del cuerpo

El 24 de diciembre de 2024, se encontraron varios cadáveres en un recinto cercano a Taura. El fiscal a cargo del caso y un grupo del GIR retiraron los cuerpos y los trasladaron a Criminalística. Debido al estado de degradación y descomposición, la primera técnica de reconocimiento no se logró.

Navarrete indicó que los responsables incineraron el cuerpo con alevosía y los animales del sector terminaron con lo "poco que se podía reconocer de las personas". Ahora, los padres esperan el examen antropológico, que se prevé termine el lunes 30 de diciembre. De lo contrario, se someterán a una prueba de ADN que podría tardar entre 30 y 40 días.

"Buscamos el apoyo de organismos internacionales para acelerar el proceso, pero dependerá del accionar de las autoridades encargadas. Mientras tanto, la FGE y la Policía Nacional se mantienen en la búsqueda de los pequeños", finalizó Navarrete.

(I)

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