Asamblea Nacional arremete contra la Corte Constitucional y Registro Oficial por ley "Antipillos"

Este 10 de diciembre de 2024, Viviana Veloz, la presidenta de la Asamblea Nacional, anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) en contra de la "Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos", conocida como la Ley "Antipillos". Esta iniciativa presidencial se publicó en el Registro Oficial como decreto ley, pese a que el Legislativo la negó y archivó el pasado 27 de noviembre.

La Asamblea sostiene que esta publicación es un acto ilegal, ya que no se cumplieron los procedimientos legislativos para su aprobación. Veloz también señaló que impulsarán una denuncia penal en contra del Registro Oficial, por permitir la publicación de la normativa sin respetar el debido proceso.

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Todo lo que pasó con la Ley Antipillos

El proyecto de ley se envió al Legislativo por el presidente Daniel Noboa como una propuesta económica urgente. Sin embargo, la Asamblea, con 84 votos, decidió rechazarla y archivarla tras un primer debate. Ante esta decisión, el Gobierno procedió a emitir la ley como decreto, con el argumento de que el Pleno no se pronunció en el plazo de 30 días establecido para los proyectos de carácter urgente.

El Registro Oficial publicó la normativa hoy, aclarando que su función no es decidir sobre la legalidad de las leyes, sino únicamente darles difusión. No obstante, la presidenta de la Asamblea considera que esta acción carece de sustento constitucional y criticó a la Corte Constitucional por permitirlo.

Viviana Veloz condenó enérgicamente la publicación de la ley, calificándola como un ataque a la economía del pueblo ecuatoriano. En su comunicado oficial, denunció que tanto la Corte Constitucional como el Registro Oficial "le dan la espalda al país" y se convierten en herramientas del Gobierno para imponer más impuestos.

También presentarán una denuncia penal contra el máximo representante del Registro Oficial, acusándolo de actuar ilegalmente al autorizar la publicación del decreto.

(I)