Defensor del Pueblo asegura que aún no ha sido investigada la responsabilidad de la ministra de Gobierno en el paro de octubre 2019

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones de octubre de 2019, y que el nivel de responsabilidad de ministra de Gobierno, María Paula Romo, aún no ha sido totalmente investigado, ni judicial ni políticamente, reseña El Universo.

Las declaraciones las hizo este 26 de octubre de 2020 en el marco de las pruebas de cargo en contra de la funcionaria quien está siendo juzgada políticamente ante la Comisión de Fiscalización por incumplimiento de funciones en el paro nacional de octubre del año pasado.

El uso excesivo de la fuerza, añadió Carrión, sería la causa principal del alto número de personas heridas. Que según el informe de la CIDH, el Estado habría incumplido sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal.

Destacó que la cifra de fallecidos por el paro nacional no es coincidente entre varias organizaciones e instituciones; pues para la CIDH hubo 13 fallecidos; la Defensoría del Pueblo considera 11; el Ministerio de Gobierno registró 9 muertos a igual que la Conaie; en cambio, el Ministerio de Salud 7; y, la alianza Derechos Humanos-Asamblea 8, fallecidos.

El funcionario reveló que durante los once días de las manifestaciones actuaron 36 530 servidores policiales que constituye el 88.60% del total del personal activo; que se utilizó 2 366 cartuchos de gas de corto alcance; 1 297 cartuchos de largo alcance y 63 granadas de mano. Además destacó que el Ministerio de Gobierno adquirió 5 000 unidades cartuchos de gas de corto y largo alcance, así como granadas de mano.

Que el Ministerio de Gobierno se adquirió en calidad de préstamo a su similar de Colombia, el 9 y 10 de octubre de 2019, el siguiente material: 7 140 calibre 37mm; 2 000 calibre 40mm; 8 000 granadas de mano trifásica; 2 000 granadas multimpacto; y, 10 fusiles lanza gases. Durante el paro nacional se usó 6 594 calibre 37mm; 515 calibre 40mm; 5 687 granadas de mano trifásica; 1 740 granadas multimpacto; y, 10 fusiles lanza granadas.

Además señaló que el Ministerio de Gobierno también usó 1 800 municiones perdigones de goma; 375 municiones saquete; y, 375 municiones gas lacrimógenos oc; y que por la magnitud del uso de material se derivan los muertos y heridos, insistió.

Carrión dijo que el informe de la CIDH resaltó que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan la violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o detenciones masivas.

Afirmó que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de sus discursos y acciones, estuvo al frente de la actuación de la Policía Nacional y que aún su nivel de responsabilidad no ha sido totalmente investigado ni judicial, ni políticamente.

Freddy Carrión, al responder las preguntas de los asambleístas, respecto a si el Estado resarció los daños causados a las víctimas de octubre de 2019 manifestó que la Defensoría del Pueblo no conoce ningún caso de reparación, mejor justifica el uso de fuerza; y que tampoco de parte del gobierno se ha sometido a ningún proceso de investigación, más bien hubo reconocimientos hacia las autoridades que actuaron en un hecho donde se registró el uso excesivo de la fuerza.

Mercedes Serrano (PSC), cuestionó las publicaciones hechas por la ministra Romo, respecto a las motivaciones de su juicio político, cuando es clara la causal por incumplimiento de funciones en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, y éstas a más de usar para repeler las manifestaciones se lanzaron a los centros de acogida; así como no haber actuado oportunamente con el Comité de Protección de Periodistas, para garantizar su trabajo, indicó

La legisladora comentó que el juicio no va en contra de los miembros de la Policía Nacional, pues goza del apoyo incondicional de la legislatura, siempre y cuando cumplan con los protocolos y usen de manera proporcional la fuerza.

Serrano planteó una resolución a la comisión para que dentro de la etapa de pruebas de cargo y de descargo se incluya la práctica de pruebas de oficio, esto para lograr la inclusión del informe y la resolución que aprobó la Asamblea Nacional respecto a la investigación realizada al ex legislador, Daniel Mendoza, por corrupción en la construcción fallida del hospital de Pedernales.

Roberto Gómez (ex CREO), cuestionó que la Ministra Romo, en un video difundido en las últimas horas al salir acompañada de la Policía Nacional, pretende usar como escudo a la policía nacional, reviviendo un conflicto que no debería haber en términos de la Policía Nacional.

Quienes deben ser investigados por los actos de violentos por cualquiera de los frentes, deben responder ante la Fiscalía del Estado; y por otro lado, el Estado responder ante organismos internacionales por violación de Derechos Humanos.

Aclaró que la institución policial no está siendo juzgada, sino la Ministra de Gobierno en base a su actuación dentro del marco de la Ley al momento de actuar en el uso legítimo de la fuerza. La ministra debe responder por sus actos y como funcionaria responder ante la Asamblea Nacional, recalcó. (I)