Dos demandas de inconstitucionalidad contra Ley de Solidaridad son admitidas a trámite en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional admitió a trámite dos de las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Solidaridad Nacional. Las acciones aceptadas corresponden al movimiento Unidad Popular y al abogado Erick Orlando Gavilánez.

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Ambas demandas fueron acumuladas en una sola causa, que pasará a la fase de sustanciación. El organismo informó su decisión en un comunicado difundido el 4 de julio de 2025 , en el que también explicó que las acciones cumplieron los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

Sin embargo, la Corte rechazó las medidas cautelares solicitadas por los demandantes. La resolución argumenta que las medidas provisionales no cumplieron con los requisitos legales, por lo que no se suspenden los efectos de los artículos impugnados, al menos de forma temporal.

La primera acción de inconstitucionalidad fue presentada por Gabriel René Salvador. Esta causa fue inadmitida, según lo dispuesto por la jueza Teresa Nuques, debido a errores en la formulación del recurso.

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Demandas pendientes contra Ley de Solidaridad 

Aún está pendiente la decisión sobre la cuarta demanda ingresada el 2 de julio de 2025 por once ciudadanos, entre ellos activistas y abogados especializados en derechos humanos. Ana Cristina Vera, Billy Navarrete, Fernando Bastías y Sybel Martínez integran este grupo. Todos forman parte de la Alianza por los Derechos Humanos.

Ellos impugnaron los quince primeros artículos de la Ley de Solidaridad Nacional. La causa quedó asignada al despacho del juez Jhoel Escudero, quien debe pronunciarse sobre su admisión o inadmisión.

La Ley de Solidaridad Nacional fue aprobada el 7 de junio de 2025 y establece medidas legales en el contexto del conflicto armado interno. La norma blinda a la fuerza pública y crea mecanismos de protección, prevención y reparación para personas vulnerables en zonas de alta violencia. El texto legal también contempla:

• Incentivos tributarios a quienes donen a la Policía y las Fuerzas Armadas.
• Aumento de penas por tráfico de combustibles.
• Facultades para adecuar el sistema penitenciario.
• Un indulto diferido para evitar la prisión preventiva a policías y militares.

En sus demandas, los accionantes cuestionan varios puntos de la normativa:

• El establecimiento jurídico especial para el conflicto armado interno.
• El indulto presidencial dirigido a policías y militares en el marco de ese conflicto.
• Las donaciones a la fuerza pública a cambio de rebajas tributarias.
• Las penalizaciones impuestas a personas que cometan delitos durante el conflicto armado interno.

(I)