"No existen causales para anular nuevamente el concurso de jueces", dice vocal del Consejo de la Judicatura

Desde el 15 de agosto de 2024, el concurso para la elección de jueces nacionales se anuló por anomalías en las pruebas de confianza. El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoria para la empresa involucrada en esta fase del proceso.

Con eso, la evaluación regresó hasta la etapa de pruebas psicológicas. Por lo que los 35 participantes que fueron eliminados regresarán a la contienda y se mantienen los 107 aspirantes.

• Fiscalía ejecuta nuevos allanamientos en relación al concurso de jueces por este delito

Los vocales del CJ alegaron que el proceso de revisión terminaría en octubre. Sin embargo, Yolanda Yupangui, integrante de la institución, comentó que los resultados del análisis se presentarán recién el 3 de diciembre.

Los delegados de la institución terminarán sus funciones en enero y el ingreso de otro personal retrasaría nuevamente el concurso. Ante ese panorama, Yupangui dijo que esa opción no es viable porque el sistema de justicia estaría con vacíos por otro periodo.

“Nosotros revisamos todos los procesos, el presidente (Godoy) verificó la información y no cabe esa idea. La planificación debe salir hasta enero. Los vocales debemos despedirnos con este concurso finalizado”, aclaró Yupangui en Teleamazonas.

Una nueva empresa

La vocal apuntó que una nueva empresa se encarga de las pruebas de confianza. Mencionó que la selección de la entidad vino desde la presidencia del CJ, luego de analizar los parámetros pertinentes.

La institución toma en cuenta tres ejes básicos: asuntos penales, administrativos controlados y económicos. De manera que, analizarán el cumplimiento de funciones y los movimientos bancarios de los postulantes y su círculo cercano.

La empresa ya entregó un borrador con la metodología para que los integrantes del CJ sepan cómo transcurría la fase del concurso.

Algunos enredos

El pasado 3 de octubre de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó varios allanamientos en Quito, tras una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. El caso Pantalla, como lo denominaron las autoridades, reflejó inconsistencias en las pruebas de confianza del concurso de jueces. El operativo dejó dos detenidos. (I)