Caso Jaque: funcionarios de la ANT vendían licencias de conducir y frecuencias de transporte

La Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, un operativo de gran escala en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), denominado Caso Jaque, por una investigación de presunta delincuencia organizada y corrupción interna.

La intervención incluyó 23 allanamientos simultáneos en oficinas de la entidad en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo, así como en domicilios de funcionarios de la ANT.

Lo que se sabe de la red de corrupción en la ANT

Según las autoridades, la red operaba desde al menos julio de 2025. Realizaba cobros ilegales por agilización de trámites, especialmente en la emisión de licencias de conducir (hasta $ 200) y asignación irregular de frecuencias de transporte. El perjuicio al Estado por estos delitos supera los $ 3 millones.

Entre los indicios que se recabaron hay más de $ 53.000 en efectivo, dispositivos electrónicos (teléfonos y laptops), documentación, licencias ya emitidas de forma irregular, joyas y hasta material para fabricación de credenciales.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la estructura abarcaría desde mandos superiores hasta personal operativo, y que parte del esquema tenía vínculos con grupos delictivos organizados como Los Choneros.

En total, hasta esta mañana se reportan al menos una decena de detenidos, entre ellos el director nacional de la ANT, Pedro Abril y otros funcionarios.

Qué pasará con la institución

Como medida inmediata, el Ejecutivo dispuso el cierre temporal de todas las oficinas de la ANT por 30 días, desde este 30 de enero, para permitir la auditoría interna, depuración de personal y la revisión integral de procesos.

El Ministerio de Transporte ha anunciado que en las próximas horas informará sobre los mecanismos para gestionar trámites pendientes y la forma en la que se retomarán los servicios una vez concluido el plazo. Esto incluiría  alternativas para documentos vencidos o en trámite, sin entorpecer derechos de los ciudadanos.

(I)