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Ecuador

Caso Furukawa: ¿En qué consiste la denuncia de esclavitud moderna y qué resolvió la Corte Constitucional?

la empresa Furukawa sometió a sus trabajadores a un sistema de servidumbre de la gleba, explotando a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

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La Corte Constitucional de Ecuador dictó una sentencia histórica en la que responsabiliza a la empresa japonesa Furukawa por prácticas de esclavitud moderna en sus plantaciones de abacá. Esta situación, conocida como servidumbre de la gleba, afectó a sus trabajadores durante más de 50 años.

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En su resolución, la Corte ordenó que se destinen más de 41 millones de dólares como compensación a las víctimas de esta práctica, que vulneró gravemente la dignidad humana de los trabajadores afectados.

La Corte determinó que la empresa debe pagar $120,000 a cada una de las 342 víctimas reconocidas en el fallo. Además, aquellas víctimas que sean mujeres, menores de edad, personas mayores de 65 años o que hayan sufrido amputaciones durante la cosecha de abacá recibirán un monto adicional de $5,000.

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Entre las medidas de reparación, se incluyó la realización de un acto público de disculpas por parte de la empresa. Asimismo, se ordenó la intervención de la Superintendencia de Compañías, que dispuso la prohibición de la venta de bienes inmuebles y acciones de la compañía como parte del cumplimiento de la sentencia.

La Corte Constitucional concluyó que, durante más de cinco décadas, la empresa Furukawa sometió a sus trabajadores a un sistema de servidumbre de la gleba, explotando a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Estas vivían en campamentos precarios sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias, educación ni atención médica. Según el tribunal, esta forma de explotación laboral afectó a varias generaciones y se justificaba mediante contratos de arrendamiento que intentaban dar un aparente marco legal a dicha práctica.

¿Qué dice la empresa Furukawa?

Por su parte, la empresa Furukawa rechazó las acusaciones y responsabilizó a los arrendadores de las plantaciones por las condiciones de los trabajadores, asegurando que ellos eran los verdaderos culpables. Además, criticó el hecho de que los denunciantes recurrieran a la justicia constitucional para tratar lo que, según la empresa, debería ser una cuestión de competencia de los tribunales civiles y laborales.

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