Cárcel El Encuentro en Santa Elena alcanza un avance del 30%: ¿Qué denuncias han surgido sobre su construcción?

Luis Eduardo Zaldumbide, director general del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), informó que el avance físico de la obra es del 30%, mientras que el avance económico del 11.5%. Esta diferencia se debe a que algunos elementos, como las torres de vigilancia, se pagarán una vez que estén finalizados.

Obra

El 21 de junio, el presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la construcción de un nuevo proyecto penitenciario. La construcción contará con una inversión de 52 millones de dólares y un plazo de 300 días para su finalización.

Este proyecto tendrá capacidad para albergar a 736 personas privadas de libertad. La edificación incluirá seis torres de vigilancia que cumplirán con estándares internacionales de seguridad, así como cinco pabellones, cuatro patios y tres cercos de seguridad.

La obra se desarrollará en un área inicial de 12,2 hectáreas, que se ampliará a un total de 16,8 hectáreas, incluyendo las zonas de retiro. Está situada a cinco kilómetros al sur de la comuna Juntas del Pacífico, en la parroquia Simón Bolívar, cantón Santa Elena. El perímetro carece de acceso a agua potable, así como de conectividad celular e internet.

Denuncias

Adjudicaciones opacas

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que el Snai solicitó el permiso de construcción sin entregar información al Municipio de Santa Elena.

Por ello, inicialmente, la adjudicación se realizó en coordenadas que coincidían con escrituras de doce familias que tienen títulos de posesión desde hace casi cien años. Ante esto, el Municipio de Santa Elena rechazó la catastración de las tierras destinadas y, de manera urgente, el Ministerio de Agricultura emitió una adjudicación sobre otro predio.

Impacto ambiental y arqueológico:

La construcción se sitúa en el cerro Las Negras, un yacimiento arqueológico que alberga 32 sitios de interés, incluidas estructuras de piedra con forma de tortuga y muros de contención prehispánicos. Frente a esto, la CDH constató que no habría informe de impacto ambiental del proyecto ni de posibles impactos a restos arqueológicos.

Protesta contra la cárcel de Santa Elena. Foto: CDH

El área está directamente conectada a un bosque primario, donde el 62% de la superficie es bosque nativo. En enero de 2023, la Prefectura de Santa Elena declaró este sector como Área de Conservación y Uso Sustentable (Acus), un bosque que los comuneros de Bajada de Chanduy reclaman.

No obstante, el 1 de julio de 2024, el Ministerio de Ambiente afirmó que la zona no forma parte de las áreas protegidas. Pese a que un cartel en el sitio de construcción identifica el área como Acus. Entre las especies consideradas amenazadas se encuentran 11 tipos de aves, así como pecaríes y venados de cola blanca.

Letrero del Área de Conservación y Uso Sustentable (Acus) en el sitio donde se inició la construcción de la cárcel de Santa Elena. Foto: CDH.

Consulta previa, libre e informada

Al pertenecer el suelo a la Comuna Ancestral Indígena Bajada de Chanduy, se requería llevar a cabo una consulta previa, libre e informada con todos los comuneros del sector. Sin embargo, la Gobernación y el Snai solo realizaron mesas técnicas en la comuna Juntas del Pacífico, a pesar de que el proyecto también afecta a la comuna vecina.

Esta situación vulnera los derechos colectivos, al limitar el acceso a información y el derecho al territorio.

(I)