Asamblea revisa la ley urgente contra la economía criminal: ¿qué propone el Ejecutivo y por qué?

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició este martes, 21 de mayo de 2025, el análisis del proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal, una iniciativa del Ejecutivo que apunta directamente a las redes de financiamiento del crimen organizado, según el Gobierno de Daniel Noboa.

Durante la reunión, a la que acudieron los altos mandos del Bloque de Seguridad, los asambleístas miembros de la mesa recibieron positivamente la propuesta, casi sin cuestionamiento de los bloques.

¿Qué busca esta ley urgente?

De acuerdo con la exposición, el proyecto tiene dos pilares principales: el primero consiste en cortar el flujo de dinero ilícito que sostiene a bandas criminales, relacionadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otros delitos.

En segundo lugar, se busca facilitar el apoyo económico privado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través de donaciones que podrán deducirse del impuesto a la renta.

Esta iniciativa surge en medio del conflicto armado interno que declaró el Gobierno hace más de un año y de la creciente violencia criminal en el país, que encontraría financiamiento en economías ilícitas. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se busca enfrentar una “arquitectura criminal” que se alimenta de la impunidad, corrupción y el poder del dinero ilegal.

“No se trata de privatizar la seguridad. Se trata de crear alianzas éticas con el sector privado y la sociedad civil”, aseguró Loffredo.

Por tanto, la ley habilita:

• Deducciones tributarias por donaciones a Policía y Fuerzas Armadas.
• Compensaciones económicas para inversionistas en zonas violentas.
• Zonas de seguridad y paz para fomentar empleo e inversión en áreas afectadas.
• Mayor capacidad legal para recuperar bienes y recursos ilícitos del crimen organizado.

Las necesidades a las que responde el proyecto

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, sostuvo que la economía criminal “ya infiltró estructuras del Estado” y que los grupos armados han logrado capturar incluso espacios del sistema financiero. Detalló que en 17 meses de gestión se han decomisado más de 382 toneladas de droga, por tanto, es necesario cortar los flujos económicos.

Por su parte, el comandante de la Policía, Patricio Dávila, reveló que en 2024 se logró un impacto económico de $ 1.000 millones a las mafias por drogas, armas y vehículos incautados. Sin embargo, alertó que el sistema judicial sigue funcionando como “una puerta giratoria”, ya que de las más de 73.000 personas detenidas, solo el 10 % permanece en prisión.

El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, presentó una lista de necesidades inmediatas: desde cabezales y ambulancias hasta cámaras térmicas, drones y vehículos blindados. Afirmó que, en un contexto de guerra interna, Ecuador necesita fuerzas armadas modernas y equipadas.

(I)