Plazos en la mira: Asamblea y Gobierno piden tiempo extra para defender la Ley de Integridad Pública

La Asamblea Nacional y el Ejecutivo presentaron solicitudes formales a la Corte Constitucional para diferir la audiencia pública prevista para el 18 de agosto de 2025. La cita abordará las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública y otros cuerpos normativos.

Argumentos de la Presidencia

El 13 de agosto, el secretario general Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, envió el pedido del Ejecutivo a la Corte Constitucional.
La solicitud se presentó un día después de la marcha liderada por el presidente Daniel Noboa, junto a ministros y asambleístas, hacia el máximo tribunal.
El objetivo, según Andino, es defender la constitucionalidad de las normas cuestionadas y contestar las acciones acumuladas.

‼️#URGENTE
El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, pidió a la Corte Constitucional que suspenda la audiencia pública convocada para este 18 de agosto de la demanda de inconstitucionalidad planteada en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública. El… pic.twitter.com/9a3xKW25F4

— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 13, 2025

Petición de la Asamblea Nacional

El Legislativo, mediante un comunicado oficial, denunció que la Corte redujo los plazos legales para responder a las demandas.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales otorga 15 días para preparar una defensa, pero en el caso 52-25-IN se redujo a 7 días y en los casos 78-25-IN y 84-25-IN a solo 3 días, lo que implicó una disminución de hasta 12 días sobre lo previsto.
La Asamblea considera que este recorte limita la elaboración de una respuesta técnica y afecta el cumplimiento de la responsabilidad social y política del Parlamento.

#Comunicado
La Asamblea Nacional exhorta a la Corte Constitucional a cumplir la ley. pic.twitter.com/qC2SD5fg7M

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 14, 2025

Contexto jurídico

El 4 de agosto, la Corte suspendió de forma provisional más de 20 artículos de las normas en cuestión, al detectar una posible vulneración de derechos. Entre los puntos observados están la definición de conflicto armado interno, el tratamiento de grupos armados organizados, la figura de indulto presidencial diferido y la transformación de cooperativas en bancos.

Ambas instituciones esperan que la Corte reconsidere las fechas y plazos, con el fin de garantizar un debido proceso y pleno respeto a la Constitución. De no haber cambios, la audiencia se mantendría para el 18 de agosto y el fallo definitivo quedaría en manos de los jueces constitucionales.

• ¿Qué respondió la vocera presidencial sobre los carteles contra la Corte Constitucional?

(I)